SLIM de la alcaldía atendió 18 denuncias por violencia intrafamiliar

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18 denuncias por violencia intrafamiliar de distinto tipo fueron atendidas por el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO), de las cuales gran número fueron puestas a conocimiento del Ministerio Público para iniciar acciones legales en contra de los presuntos agresores.

Esta estadística fue registrada desde el 16 de marzo de esta gestión, jornada en que el departamento de Oruro ingresó en cuarentena ante los casos confirmados de coronavirus.

Si bien la forma de trabajo de los funcionarios de esta instancia se adecuó a las disposiciones nacionales, la atención a la colectividad fue continua acudiendo al llamado de situaciones de emergencia.

"A la fecha en el mes de mayo tenemos 18 casos de violencia intrafamiliar, eso implica violencia dentro de la relación de pareja, no siempre dentro el hogar, muchas de estas agresiones son reiteradamente psicológicas las que se están atendiendo ahora, pero también existen físicas y alguna de tipo sexual", informó la responsable de la Dirección de Igualdad de Oportunidades (DIO), Carmen Miranda.

Una evaluación de este problema social, muestra a mujeres cuyas parejas o exparejas, no aceptarían una ruptura de la relación sentimental y, que en varios extremos, se convierten en agresores de las víctimas atentando contra su integridad física.

Esta situación es preocupante para las autoridades puesto que pese a la cuarentena los casos fueron recurrentes evidenciando diferentes circunstancias.

"Hay varones que se ensañan contra la pareja y es ahí donde existen muchos casos especialmente de violencia física. La violencia psicológica, que es la que más se está reportando ahora tiene que ver con la convivencia y, en esta cuarentena, tiene que ver con un encierro al que todos hemos sido obligados y al tener conflictos de pareja pasa por un ciclo de violencia", sostuvo.

En el reporte de casos considerados graves, fueron derivados a conocimiento del Ministerio Público, para que sean las autoridades judiciales quienes determinen la situación jurídica de los acusados.

Fuente: LA PATRIA