Cuando la verdad duele

Autoridades del Gobierno de Transición, por suavizar el asunto y posiblemente disminuir un cargo indebido en la Presidente Jeanine Añez, señalaremos que ciertas apreciaciones de algunos medios o analistas en torno al trabajo de autoridades sectoriales en materia de control del coronavirus, disgustaron a más de algún aludido en la adquisición de equipos, contratación de personal especializado o de apoyo, cierto rechazo infundado de pobladores a las medidas de control médico y reacción de supuestos afectados, lo que generó la aprobación de un Decreto Supremo y su casi inmediata derogatoria, que lamentablemente afectaba la Libertad de Expresión y pretendía "censurar" la Libre Opinión.

Es importante señalar y recordar que la Ley de Imprenta promulgada en 1925 adolecía de ciertos elementos ampliatorios que en el tiempo actual tienen que ver con medios audiovisuales, radio y TV y ahora último con las redes sociales, sin embargo, lo que se reconoce de ésta casi centenaria Ley, es que este instrumento legal garantiza el ejercicio de la Libertad de Expresión, no sólo de los y las periodistas, sino también de la ciudadanía en general para que pueda opinar libremente, en un Estado democrático, sin dañar los derechos ciudadanos.

Pero en el caso que nos ocupa, resulta que el Gobierno de Transición que es reconocido legalmente como lo confirman disposiciones constitucionales, tropieza con el "saldo" de un proceso que dejó su parlamento con mayoría opositora y que todavía tiene "autoridad" para promover leyes y situaciones caóticas, porque alteran la tranquilidad y ponen en peligro la vida de personas, situación que debiera moderar el Poder Ejecutivo extremando recursos legales para evitar caos y anarquía. Aparte enfrentar una situación inesperada como la pandemia mundial, que por supuesto conlleva una carga extraordinaria de hechos que pueden rebasar los controles superiores. Tal parece la motivación de lanzar una advertencia contra la Libertad de Expresión, menos mal retirada con mayor rapidez que su aprobación.

Menos mal que la supuesta intención de imitar la posición del parlamentario "golpista" Mario Rolón Anaya, para restar valor a la Ley de Imprenta, no corrió por la senda de prepotencia de las dictaduras y con oportuna acción oficial se enmendó un error y se restituyó el valor esencial de la norma que rechaza la "penalización de la Libertad de Expresión".

A su vez, las organizaciones de la prensa nacional reconocen de manera abierta la existencia de cierto libertinaje, banalidad y falta de rigor en algunas fuentes de información, sin embargo, por sobre todas las cosas el periodismo boliviano es baluarte en la defensa de la Libertad de Expresión y la Libertad de Prensa, elementos que valoran en democracia, justicia y libertad.