Narradores orales de Bolivia en emergencia por la cuarentena

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Ante la coyuntura que se vive en el país por todas las restricciones, a consecuencia de la pandemia por el Covid-19, los narradores orales de todo el país se organizaron para sacar un pronunciamiento, declarándose en estado de emergencia, por el cierre de los espacios culturales, donde generalmente desarrollan sus actividades.

"Somos agentes activos en mantener vigente la memoria histórica de nuestros pueblos a través de la tradición oral: La palabra hablada. Trabajo que se adecúa al marco legal establecido por el ART. 100 parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE).

Como sector cultural, nos declaramos en emergencia ante el cierre de los espacios en los cuales desarrollamos nuestro trabajo: espacios culturales públicos y privados, unidades educativas; la suspensión de eventos, festivales artísticos y talleres de formación, mermando de esta manera nuestras principales fuentes de ingresos económicos", refiere la primera parte del pronunciamiento.

Demandan apoyo a su trabajo a través de la creación y fomento de espacios laborales: artísticos, culturales, formativos y educativos, adaptando las modalidades a la coyuntura que así lo exige, mediante plataformas virtuales y presenciales bajo protocolos de bioseguridad.

Solicitan la democratización de las contrataciones de servicios artísticos, a través de convocatorias abiertas y regionalizadas, basadas en procesos transparentes y ágiles.

Piden la reincorporación de la narración oral a los fondos concursables y convocatorias como el Premio Plurinacional Eduardo Abaroa, Programa de Intervenciones Urbanas (PIU) y gestionar nuevos fondos para ese sector.

Solicitan una auditoría del presupuesto nacional destinado a culturas para transparentar la administración de estos recursos.

Exigen que el Estado Boliviano declare en emergencia al sector de las artes, dado que es su función principal proteger el trabajo en todas sus formas, amparados en el artículo 46, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado (CPE).

Además, se suman al pedido nacional de los artistas de la anulación del Decreto Supremo 4231, considerado atentatorio a la libre expresión.

Fuente: LA PATRIA