Bolivia, así como todo el mundo viene experimentando un hecho sin precedentes nunca antes vivido en este último siglo, que puso en tela de juicio que el ser humano es tan frágil y susceptible de cualquier acción contingencial no prevista, como es el caso de la pandemia del Coronavirus (Covid.19).
A la fecha se reportan más de 3´500.000 casos de contagio registrados en 195 países de todo el planeta, aproximadamente 1´088.900 personas se curaron de la enfermedad y alrededor de 250.000 fallecieron desde que apareció en diciembre de 2019 en China, si bien según estudios realizados el índice de letalidad es bajo en relación de otras enfermedades, pero está causando bastante incertidumbre por la alta capacidad de contagio que tiene, pero mucho más aun, el alto grado de zozobra y desconcierto que genera en la población por los efectos posteriores que este traerá principalmente sobre la economía y el empleo.
En el plano nacional, Bolivia sentirá un efecto mayor, ya que históricamente es dependiente de la exportación de bienes primarios tales como el petróleo y los minerales y, por lo tanto, es más vulnerable a la disminución de sus precios, tal y como se pudo apreciar con el tremendo bajón que tuvo el precio internacional del barril crudo de petróleo el cual se muestra en una mayor pérdida en el valor de las ventas al exterior, es decir países como el nuestro por el estigma de constituirse en un país que basa su economía en el sector primario tiene menos capacidad para soportar un periodo prolongado de precios bajos.
El coronavirus trae consigo múltiples efectos de shock sobre la economía y sobre cada una de las variables socioeconómicas, porque es una contingencia no prevista y se constituye en un enemigo común de la humanidad, ante esta crisis sanitaria de la misma manera es necesario aplicar medidas de shock para combatirla y hacerle frente. Las medidas propuestas por la Presidenta de transición Jeanine Áñez conlleva una sola consigna el preservar la salud de las y los bolivianos, para tal efecto se aplican medidas económicas que a mi criterio son medidas de corto plazo que tienden a apalear un poco este estancamiento y paralización obligatoria de la economía en todos su rubros, pero que a mediano y largo plazo pierden su efecto sostenible.
La pandemia puso al descubierto la terrible desigualdad que vive el país, la incapacidad que se ha tenido en las ultimas décadas de dar respuesta a una modernización seria que signifique una mayor profundidad de reducir las brechas de desigualdad, se pasó de un gran momento consumista gracias a una excesiva liquidez en el mercado interno, generada por el boom del precio de las materias primas a la tragedia de la depresión, a la recesión económica y en este momento a la crisis económica, según datos proporcionados por la Cepal se estima que este año existirá una caída del producto boliviano del 3% eso significa depresión.
Según datos del FMI el índice de empleo principalmente en Bolivia, proviene del comercio informal, nuestro País cuenta con la economía informal más grande del mundo, lo que representa aproximadamente el 62,3% del PIB, según estudios realizados en nuestro País aproximadamente el 50% del empleo es considerado precario e informal, es decir se acerca mucho más a un desempleo.
El coronavirus reveló elementos estructurales que no estaban cambiando con ese auge que se estaba viviendo, se decía que la informalidad en los mercados laborales se habían incrementado en general en Latinoamérica pero principalmente en Bolivia, las estructuras económicas en el país no habían mejorado en sus condiciones de calidad y productividad.
Esta pandemia a la par de agilizar y agudizar la crisis económica tiende a generar una mayor incertidumbre sobre el nivel de empleabilidad de las empresas, cabe resaltar que sólo el 18% de los trabajadores perciben un salario fijo es decir, son asalariados, mientras que el restante sobrevive con los ingresos de la actividad económica que se genera al día, sin ningún tipo de seguro en salud ni mucho menos de los beneficios sociales y otra gran parte que está inserta en el sector formal.
La población económicamente activa alcanza a más de 5´000.000 de habitantes un 10% trabaja en el sector público, aproximadamente 530.000 personas son empleadas en gobernaciones, municipios, y otras entidades públicas, que por las características de ser empleados asalariados; gozan de un salario y las condiciones de seguridad social relativamente adecuadas. Desde esa perspectiva este sector impactara con menos prontitud y rapidez la situación de la crisis económica generada por la cuarentena.
Pero también en el contexto económico y laboral participan aproximadamente otro medio millón de personas que trabajan en el sector formal y que seguramente buena parte de esto es fruto de personas que cuentan con un salario fijo ya que su trabajo proviene de la actividad que desarrollan dentro las empresas productivas, pues estas tendrán un impacto directo de desempleo porque son trabajadores de empresas grandes, pequeñas y micro empresas, etc. Bajo el supuesto de una situación extrema estaríamos hablando de un proyectado desempleo directo.
El otro mundo el sector informal, donde las personas trabajan para el cotidiano, normalmente son personas de las mismas familias que buscan a diario generar sus ingresos, que ascienden aproximadamente a un total de 3´000.000 de personas y que no tienen capacidad de reemplazar su fuente de ingreso, porque las condiciones de contar con un trabajo formal les representan múltiples restricciones. La aplicación de los bonos tanto el bono familia, el bono universal, etc, trata de responder a las expectativas económicas de mayor flujo de efectivo para este sector, los cuales obviamente por las condiciones asintomáticas de la realidad que atraviesa nuestro País son insuficientes.
Es imperativo mejorar con prontitud el consumo, para ello es necesario asumir acciones que fortalezcan el lado de la oferta que en este momento está paralizado, salvo productos esenciales principalmente la de alimentos, pero no es la solución aumentar el gasto público (keynesianismo) es necesario la generación de políticas que fomenten la producción para que los sueldos y salarios se normalicen, principalmente es necesario una inversión pública en el sector agrícola para garantizar la provisión de alimentos para el consumo interno, disminuir tasas de interés activas bancarias, tanto de consumo como de producción, subvencionar algunos servicios para que se tenga más circulante, y por su puesto es necesario modificar la estructura del comercio internacional cerrando las importaciones de productos y/o incrementando los aranceles de importación de los productos que son competencia directa de los productos nacionales con el objetivo de fomentar la producción nacional y fomentar el consumo nacional a corto plazo, de manera que en el mediano y largo plazo se vaya generando una cultura de consumo del producto boliviano y exista una autorregulación de la economía.
Muchos sectores sociales están pidiendo políticas enmarcadas en el aspecto puramente social que estabilicen el trabajo y no existan despidos, por la paralización de las empresas, pero no se soluciona dando bonos sociales, si no estabilizando y fomentando las iniciativas privadas obviamente reguladas y fiscalizadas por el Estado para que los trabajadores no pierdan sus fuentes de trabajo, asumiendo el criterio de que a mayor producción, mayor trabajo; el garantizar la estabilidad laboral genera mayor ingreso, y por ende mayor consumo y demanda.
Es necesario dinamizar la economía, si bien las políticas enmarcadas en el plan trabajo son políticas de corto plazo que tienden a apalear la escases de circulante en las familias, es necesario pensar rápidamente en el mediano y largo plazo, en ese marco tanto los gobiernos departamentales y municipales deberán jugar un rol importante en el planteamiento de propuestas puramente creativas e innovadoras para la generación de empleos, pero no empleos esporádicos o temporales si no sostenibles y que garanticen una adecuada calidad de vida de la población.
Deben gestionarse inversiones en empresas a cargo de la gobernación, alcaldía y la universidad para la producción agrícola y pecuaria, los cuales tengan la tarea de diseñar la cadena productiva y de distribución garantizando la seguridad alimentaria de la población campo y ciudad a precios de venta al costo (sin margen de utilidad).
Se deben crear empresas estatales con altos márgenes de rentabilidad que puedan absorber la población desocupada (como la empresa municipal de transporte, la empresa departamental de lácteos, la agencia turística departamental y otras industrias que puedan producir derivados de las empresas agrícolas pecuarias).
Se debe regular el mercado con precios establecidos y dar apoyos a los emprendimientos y agencias exportadoras a través del amnisticio tributario es decir reducir el IVA al 10% anular el IT y reducir el IUE al 20%, así se tratará de fomentar a la iniciativa privada y su crecimiento en el mediano plazo.
Se debe favorecer a las importaciones pero sólo de bienes de capital como maquinaria, equipo y materiales para la producción e insumos esenciales como medicamentos.
Pero también se hace necesario invertir en formación y capacitación mediante un plan de emprendimiento productivo es decir preparar a las personas para ir generando ideas innovadoras y propugnar el emprendedurismo, para esto el Estado deberá ser un ente precursor en la gestión de recursos.
Es el momento de encaminar la economía hacia una visión futurista de inversión y productividad es hora de dejar de lado el estigma de que la economía boliviana sólo basa su dinámica en los minerales e hidrocarburos, porque la realidad nos muestra que de seguir bajo esa lógica siempre se tenderá a un sub-realismo de crecimiento y desarrollo.
(*) Es Presidente Colegio de Economistas e Ingenieros Comerciales de Oruro
Fuente: Por: Luis Alberto Molina Lizarazu (*)
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