A las lectoras y los lectores podría presentarse el epígrafe como un tema sin conexión, no obstante, ostenta la unión necesaria para comprender que la Filosofía es madre de todas las ciencias y la Política es el funcionamiento y organización de las instituciones del Estado; son actividades del gobierno de un país para la dirección del Estado y el logro de los fines económicos y sociales que tiene previstos; la Política es la ciencia y el arte orientado a la administración del gobierno. Decíamos arte pues arte es la idoneidad de los gobernantes para dirigir correctamente administración y que queda incorporada a las ciencias sociales. En una situación de desastre o catástrofe se mide esa idoneidad en las acciones asumidas para preservar al ciudadano.
La ciencia política ha sido definida por diversos pensamientos políticos y también por diferentes filósofos; de todo este amplio estudio donde se visualiza claramente contradicciones entre los filósofos, importante es recuperar la posición de Thomas Hobbes que expresa que los individuos en estado natural son plenamente libres e iguales, pero su libertad no degenera en desenfreno porque está preceptuada por la ley.
La ley natural prescribe que los individuos crezcan y se desarrollen y conlleva a conducir este proceso a tres diferentes consecuencias que debe asumir un Estado en estado de emergencia general como lo es una pandemia, pues impone que el individuo deba proveer su conservación física a través de la propia protección del Estado y, para ello es imprescindible contar con un Estado idóneo en la asunción de determinaciones cruciales para la población, pues ésta se encuentra en la oscilación de vida o muerte.
También establece el principio de conservación de la especie, que permite a los humanos formar una familia y consecuentemente establecer un vínculo entre padres e hijos, sociedad que debe estar constantemente protegida por el Estado según reza la Constitución.
El principio de conservación debe ser tutelado por el Estado y por ello se lo incluye en la Constitución que es la norma fundamental en cada país. Por el régimen de la democracia los ciudadanos se ven obligados a delegar algunas de sus prerrogativas con el fin de procurarse una situación de mayor seguridad y asistencia en caso de desastres y catástrofes, y la
pandemia asume estas características, esta cesión que no es renuncia origina la sociedad civil.
La sociedad civil nace del voluntario consenso de los ciudadanos de ceder el uso personal las dos facultades que concede la ley natural: provisión por cuenta propia de la conservación personal y la de castigar a los trasgresores de la precitada ley; la primera la ceden al poder Legislativo cuya tarea fundamental es dotar de normas para la tutela y cuidado de la población; la segunda facultad se cede al poder Ejecutivo que, dentro del límite de las leyes emanadas por el poder Legislativo, les confiere calidad de obligatorias y penaliza a los transgresores y el poder político se desarrolla dentro de esos límites.
Aquí es importante recordar que el filósofo John Locke considera legítimo oponerse a que ese poder sobrepase esos límites; en este eventual caso el poder es automáticamente restituido al pueblo que dispone de soberanía.
Todo infiere que los poderes precitados, en situaciones normales deben actuar siempre en servicio del pueblo con idoneidad y honestidad, ahora, en una gravísima situación como la actual que acosa a todo el mundo, se exige a los políticos actuar diligente, responsable además de coordinadamente con los asesores locales especializados y con los países adelantados en estos temas o que poseen consolidado progreso en la ciencia, pues lo contrario derivará irremisiblemente en la generación de responsabilidad por negligencia en proteger a la población.
¿Por qué estas consecuencias de eventual negligencia generan responsabilidades a ser arbitradas por los poderes Legislativo y Judicial? Porque los políticos han asumido esa responsabilidad voluntariamente y jurado su cargo con el apostolado de servicio a la población, conditio sine aequanon (condición insuperable) para conducir con poder de decisión cualquier tarea del Estado con éxito y el postrer reconocimiento del pueblo; máxima aspiración de un buen servidor público.
(*)Es abogado, posgrados Filosofía y Ciencia
Política (CIDES-UMSA, maestrn), interculturalidad y Educación Superior(UMSA) Alta Gerencia para abogados( UCB-Harvard), Arbitraje y Conciliación (Especialidad), Derecho Aeronáutico (Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico, del Espacio y de la Aviación Comercial, Madrid), doctor honoris causa en HUMANIDADES
(IWA-Cambridge University, USA)
Fuente: Por: Raúl Pino-Ichazo Terrazas
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