¿Qué diría y qué haría el evangelista de los Derechos Humanos en Bolivia?

La Justicia boliviana ha dado lugar y le ha concedido razón a una Acción de Libertad planteada por la Defensoría del Pueblo de Bolivia, representada por Nadia Alejandra Cruz Tarifa, Defensora del Pueblo, quien, en una actitud digna de ser reconocida y encomiada, ha accionado este supremo recurso de garantías jurisdiccionales.

La Acción de Libertad es, en efecto, el último recurso que la Constitución franquea a los bolivianos cuando sus derechos fundamentales han sido severamente vulnerados. Esta acción procede cuando, indebidamente, se priva a alguien de la libertad o se le retiene en algún lugar, con el uso de la fuerza. Retención que, lógicamente, importa el agravante de atentar contra su integridad personal y contra su vida.

La resolución del Tribunal de Justicia de La Paz ha sido pronta, como corresponde en este tipo de acciones, que dado su caso de emergencia y de riesgo de la integridad personal y de la vida, se resuelven sin mayor trámite formal, tal como lo prescribe la Ley Fundamental. La parte resolutiva de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, de fecha 10 de abril de 2020, dispone:

"Primero.- Conceder en parte la tutela solicitada por el accionante, para tal efecto se dispone que, de forma inmediata el nivel central del Estado representado por el Órgano Ejecutivo, coordine proveyendo el despacho y la recepción de las personas que se encuentran en tránsito, por las distintas situaciones que sea a su lugar de origen.

Segunda.- A tal efecto se dispone que, la Defensoría del Pueblo coopere con el Órgano Ejecutivo para la materialización del primer punto de

esta Resolución.

Tercero.- El Órgano Ejecutivo, deberá garantizar el traslado que corresponda, en función a los protocolos de salud que sean, evaluando la pertinencia y urgencia para cada caso".

El gobierno accionado, en este caso, una vez notificado de la Resolución de la Justicia, el mismo día de la emisión de dicha Resolución, se ha limitado a emitir un comunicado ambiguo, el 11 de abril reciente, a través del Ministerio de Gobierno, en el que señala:

"El Gobierno debe trabajar por el bienestar de más de 11 millones de bolivianos, y la acción defensorial pone en peligro a la población que estuvo cumpliendo la cuarentena precautelando su salud y la del resto".

Y remata:

"Por tanto, la acción de la Defensoría del Pueblo denota claramente una motivación política [?], por lo que el gobierno continuará trabajando en función a lo dispuesto y precautelando la vida de más de 11 millones de bolivianos".

El gobierno está desacatando la resolución de la Justicia constitucional boliviana, esto es, la más alta justicia y el mayor recurso al que podemos acudir los bolivianos ante la vulneración de nuestros derechos y de nuestra vida. Han pasado varios días y, aun a invitación de la Defensoría del Pueblo para coordinar la resolución de la Justicia y darle cumplimiento, no se ha concretado nada hasta estas horas de la mañana en que escribimos esta nota, o sea las 9 con 15 del miércoles 15 de abril de 2020.

Cabe acotar que, todos los países de que tengamos noticias, tal es el caso de EE.UU. y Chile, de los que poseemos reportes oficiales, han gestionado, a través de sus cancillerías, la repatriación inmediata de sus conciudadanos, por quienes en el exterior debe velar, y ha dispuesto de vuelos y viajes de retornos prontos y oportunos, no a campamentos insalubres, sino, a aeropuertos para de ahí pasar cada ciudadano a su morada, sin perjuicio de someterse a procedimientos como la cuarentena, empero siempre en lugares donde es humano existir. En Bolivia el gobierno de Jeanine Áñez ha perpetrado un atentado a los derechos fundamentales de los que querían y necesitaban retornar a su país -siguen queriendo y necesitando- ante la indiferencia y ante la omisión de la canciller Karen Longaric quien, ante la decisión presidencial de no dejar ingresar a los bolivianos que están ahora en Pisiga y a los que, cual nefandos proscritos tuvieron que hallar cobijo en el exterior, debió interponer la disyuntiva de su renuncia, pero eso es para los cancilleres de verdad.

Por su parte la Defensora del Pueblo ha dado cuenta de que el 30 de marzo interpuso una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y que sólo a estas instancias el gobierno boliviano se ha preocupado en instalar el campamento de Pisiga y en dejar ingresar a una parte de los bolivianos varados en Chile.

A su vez, la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se ha manifestado a través de Twitter, en los siguientes conceptos:

"La Oacnudh saluda la resolución de la Sala Constitucional Primera de La Paz del 10 de abril que protege el derecho de las personas en tránsito en el país a regresar a sus lugares de origen durante la cuarentena con las debidas medidas de protección sanitaria ante #Covid 19".

Creemos que, aun conscientes de que no nos es permitido hablar de los muertos, los huesos del Dr. D. Luis Adolfo Siles Salinas, el evangelista de los Derechos Humanos, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el año 1985, se habrían estado retorciendo en su tumba ante las recientes violaciones de los mismos en su patria y que, la memoria del Dr. Siles Salinas está aplaudiendo la importante acción de la Defensora del Pueblo, Nadia Alejandra Cruz Tarifa.

Fuente: Por: Henry Pablo Ríos Alborta