Excesiva corrupción sin sanción

En el país vivimos un tiempo de muchas transgresiones y pocas sanciones, el asunto proviene de varios gobiernos atrás, pero especialmente de los 14 años pasados, en los cuales y por lo que recién se va descubriendo, se cometieron tantos delitos, que por su cantidad la mayoría quedaron en el "canasto de las cosas sucias" y que no pudieron arrojarse allí donde no puedan verse, pero las cosas quedaron y estamos en un tiempo de revisión de esos canastos cuyo contenido huele mal, pero saldrán al aire para ventilar los hechos, como ya sucedió con casos como Entel, el mal uso de los fondos públicos, abierto despilfarro y carencia total de documentos respaldatorios para justificar legales rendiciones de cuentas.

Varios funcionarios han sido conminados a profundizar investigaciones y establecer pruebas de varios casos denunciados, en los que el gasto irregular del dinero del pueblo, suma muchos millones de bolivianos. Frente a esa realidad y ante algunos intentos de la todavía vigente asamblea legislativa con mayoría "masista" de aprobar un "perdonazo" para sus correligionarios, comprometidos abiertamente con el régimen expulsado, los líderes políticos y las autoridades del Gobierno de Transición, se oponen a fomentar la aprobación de medidas que perdonen los delitos contra el Estado.

A propósito de ese hecho, autoridades oficiales cumpliendo instrucciones del Estado tienen a mano un documento que implica a 592 exautoridades del pasado régimen, comprometidas en supuestos delitos de corrupción, por lo que las investigaciones estarán dirigidas a recuperar "activos y dineros" del Estado que fueron desviados y cuyo valor se calcula en dos "billones" de bolivianos. La información corresponde al director general de lucha contra la corrupción, organismo que seguirá recibiendo denuncias y apurará el procesamiento de los casos que al tener pruebas, facilita su investigación e identificación de los presuntos culpables.

Para el Gobierno de Transición el tiempo se hace corto, en función de atender las obligaciones propias de un Estado que recupera su condición de respeto a la democracia y las leyes, atributos que fueron alterados y afectados por las condiciones de un gobierno atrabiliario, cuyos principales mandantes lo abandonaron luego de instruir un fabuloso fraude electoral.

Los políticos señalan en la actualidad, que los delitos contra el pueblo y el mal uso de sus bienes y sus recursos financieros tendrán que ser sancionados, por lo que sugieren al "legislativo mayoritario" hacer conciencia de lo que hicieron sus gobernantes y dejar de interferir investigaciones que tarde o temprano, terminarán sancionando a quienes gobernaron deshonestamente.

Los políticos por un lado, dirigentes cívicos en otro ángulo, la comunidad en conjunto no olvidan que "hasta después de abandonar el país, propusieron un cerco para evitar aprovisionamiento de alimentos y ordenaron acciones violentas". Esos son hechos que el pueblo recuerda y no perdona.