Justicia y detención preventiva

La semana anterior se ha advertido por parte de una asociación de víctimas de la injusticia, la solicitud de abrogar la Ley 1173 porque, señalaban, la misma genera impunidad e injusticia. Si sumamos a ello que, entre otros varios casos, se ha advertido también que, en un proceso en el distrito de Cochabamba, cuando el juez dispuso medidas cautelares personales alternas a la detención a un policía que aparentemente incurrió en un delito de orden sexual y que la justicia aplicó medidas cautelares cuando la víctima ya hubiera fallecido, lo que motivó que los familiares generen intensas reacciones ante tal decisión que fueron ampliamente difundidas, acusando que la justicia es cómplice de los delincuentes y que protege a los mismos, esos datos son más que suficientes para generar una reflexión sobre la medida cautelar de extrema ratio, sobre su carácter y finalidad y sobre la posibilidad de si, con su aplicación, es objetivamente posible alcanzar lo que tanto se pide: justicia.

La detención preventiva, que es la medida cautelar más extrema que puede adoptarse en un proceso penal, no importa entonces que una persona sea responsable o no de un delito, ese estatus legal se consigue sólo con una sentencia ejecutoriada, de acuerdo a la exigencia constitucional establecida en el art. 116 de nuestra carta magna. Entonces, cuando se la aplica no es necesario -diríamos inclusive no es posible- determinar que el presunto responsable sea en forma incuestionable autor del hecho y, en su caso, que sea posible aplicarle la detención como sanción, en la medida que pueden todavía dilucidarse causales de exculpación o justificación legales que imposibiliten aquello, debate que corresponde

a la etapa de juicio oral.

Por eso que el artículo 233 de procedimiento penal, establece que, para resolver la aplicación de la detención preventiva, el juez debe observar que el sindicado es, tan sólo, de manera probable, autor o partícipe de un hecho punible y que fundadamente se concluya que no se someterá al proceso o evadirá la acción de la justicia o que entorpecerá la averiguación de la verdad. De manera que, sólo la posibilidad de que alguien sea autor o partícipe de un delito y de que se acredite que no se someterá al proceso y eventualmente lo obstruya, justifica la aplicación de la detención preventiva; entiéndase esto, no como sanción, sino como una medida procesal que tiende a garantizar el normal desarrollo del proceso, en la medida que la detención de una persona, como sanción a su conducta típica, se la establece -se reitera- sólo cuando se acredita a través de una sentencia condenatoria ejecutoriada, su responsabilidad penal.

Ello es vital entenderlo, en la medida que la solicitud de aplicación de medidas cautelares en general y de la detención preventiva en particular, generalmente se las solicita al inicio del proceso penal: en etapa preparatoria, que, como su nombre ilustra, tiene la finalidad de preparar el proceso para un eventual juicio oral, en la medida que el resultado de la investigación producida en esta etapa podrá generar o la acusación del imputado o su sobreseimiento. Si vinculamos entonces los requisitos de la detención preventiva a las finalidades de su aplicación contenidas en el art. 221 del procedimiento penal, esto es, a garantizar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley, tendremos que la detención preventiva puede aplicarse sólo cuando se justifique procesalmente su necesidad, esto es, cuando el fiscal o la víctima y/o querellante acrediten que su aplicación es necesaria para esclarecer los hechos, el trámite normal de la causa y el eventual cumplimiento de la sentencia. Dicho ello, no es posible entonces asumir que, en una audiencia de aplicación de medidas cautelares, se pueda exigir y establecer justicia, la responsabilidad penal del procesado se establece en juicio oral y sólo a partir de una sentencia firme se puede imponer la detención como una sanción y no como una medida estrictamente procesal; el juez que genera la instrucción de la causa, no tiene por lo demás en sus competencias ni puede establecer la responsabilidad penal del imputado y por lo tanto no puede impartir justicia sino, únicamente, velar porque el proceso se desarrolle en cumplimiento de las formas y plazos

procesales establecidos por el legislador.

Esto permite advertir la necesidad de generar una reconceptualización de la etapa de investigación y la del juicio oral en la sociedad pero en los mismos actores involucrados en la jurisdicción penal, sobre la instrumentalidad general de la etapa preparatoria y la trascendencia material del juicio oral. La verdadera justicia se efectivizará cuando los jueces o tribunales de sentencia establezcan la responsabilidad de un ciudadano en la comisión de un delito a través de una sentencia en juicio, no en la etapa preparatoria ni menos con la imposición de una medida cautelar como la detención preventiva, de manera que es preciso que se entienda que no es posible exigir justicia, aunque si una resolución justa, cuando de aplicar medidas cautelares se habla. Lo que permite concluir que, quienes exigen justicia, debieran enfocar sus esfuerzos no tanto en cautelar a una persona, cuanto en investigar y probar su responsabilidad enjuicio.

Finalmente, corresponde establecer que a los dos requisitos esenciales desarrollados, la Ley 1173 ha sumado uno tercero vinculado a la proporcionalidad de la medida, en orden a que el art. 231.11 bis. introducido por dicha norma legal es explícito al señalar que la detención se aplicará cuando los peligros de fuga u obstaculización no puedan ser evitados razonablemente por otras medidas menos gravosas, así como la identificación de actos de investigación precisos que justifiquen un plazo razonable; razonamientos todos que corresponde establecer son concordantes con los expuestos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el sistema regional de Derechos Humanos y los sistemas

procesales penales de la región.

En este orden, corresponde precisar, no es que defendemos el sistema adoptado y la aplicación propuesta por la Ley 1173, esa: la definición del sistema penal, es una labor que corresponde sin duda a los órganos ejecutivo y legislativo nacionales; sin embargo, no podemos dejar de vista que el sistema actual, con todas sus deficiencias, es el resultado de siglos de evolución del derecho y la práctica forense, que ha establecido un mínimo de garantías para el procesado que, claro está, no es lo mismo reclamarlas cuando se está de un lado del estrado que del otro; pues, sólo la desgracia propia, el desarrollo de trámites penales sin causa justificada o, peor aún, la aplicación de una detención arbitraria, sin justificación alguna, pudiesen generar en más que uno, como otrora, la necesidad de que se valore la aplicación de un debido proceso y con ello de las debidas garantías jurisdiccionales, que fueron tan melladas en gobiernos de facto como en no tan distantes gobiernos, cuando se procesó sin la mayor objetividad al adversario político.

Todo ello nos justifica una última conclusión, sólo la averiguación metódica y científica de los delitos, su comprobación material y, por tanto, la posibilidad efectiva de recriminación a un individuo, esto es, el desarrollo eficiente y eficaz de la investigación como presupuesto ineludible, puede garantizar el cumplimiento de ese anhelo colectivo que se llama justicia y, esa tarea, no es del órgano judicial sino de la policía y la fiscalía, quienes tienen a su cargo tan trascendental misión.

(*) Es Juez de Instrucción Penal

Fuente: Por: Arnold Campos Atanacio (*)