Crisis de empresas estatales

Cada día se conocen problemas detectados en las empresas estatales y que hasta fines del año pasado, eran administradas por ejecutivos pertenecientes al partido que gobernó el país catorce años, tiempo prolongado en el que una mayoría de hechos arbitrarios y por lo mismo ilegales, no se conocían por razones obvias y se acumulaban los daños materiales, especialmente los de orden financiero que ahora surgen a la luz pública, con caracteres alarmantes por los millonarios fondos que han estado siendo malversados.

En unas más que en otras, las irregularidades son patéticas, los trabajos administrativos llevados por caminos irregulares, al punto que grandes irregularidades han sido socapadas o simplemente ignoradas, lo evidente sin embargo es que más de la mitad de esas empresas estatales están en déficit.

Los problemas en algunos casos datan de gestiones pasadas entre los años 2012 al 2018, cuando la mala situación de las mismas presentaba pérdidas y déficits fiscales que complicaban la estabilidad de las mismas, sin embargo se las permitió seguir operando bajo la alternativa de que "estaban en proceso de desarrollo". Según los entendidos que ahora enfrentan esos casos, los problemas obedecían a la falta de planificación y la ausencia de estudios de mercado, por lo mismo se hacía un trabajo sin objetivos concretos de rendimiento productivo.

En la actualidad, desde el viceministerio de Planificación estratégica del Estado se ratifica que del total de empresas (76), más de la mitad confrontan problemas financieros, especialmente aquellas que fueron creadas a partir del 2006 y que surgieron al "entusiasmo político" carentes de planificación, pero sirviendo como factores de ocupación social, es decir disponiendo de empleos.

Como se puede observar, la situación es realmente crítica, pues entre las 76 empresas, varias funcionan con millonarios presupuestos, dedican sus servicios a miles de ciudadanos, pero en estas se han detectado el mal uso de fondos, la aprobación de contratos onerosos y el desvió de fondos con fines de orden político, para sostener "personajes" del régimen que se cayó por su propio peso.

El trabajo que se efectúa, por disposiciones del Gobierno Transitorio, tiene el objetivo de evaluar y dejar información fehaciente al próximo gobierno para que proceda sobre bases y argumentos sólidos y enderece las acciones torcidas que han causado serios daños a la economía nacional. Según algunas autoridades del Gobierno transitorio, hay casos que merecían acciones inmediatas, como el de Entel, para frenar la "sangría económica" de los presupuestos nacionales. Se garantiza por otro lado la seguridad de haber parado los desfalcos, partiendo del cambio de funcionarios, que seguramente en su tiempo, deberán responder a la justicia y al país.