Dirigentes obstaculizan auditorías a dotación de tierras en la Chiquitanía

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La ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Eliane Capobianco, denunció en las últimas horas que existe obstaculización al proceso de auditoría jurídica y de fiscalización que realizan a la dotación de tierras y asentamientos en la zona de la Chiquitanía del departamento de Santa Cruz en la pasada gestión, cuando se registraron voraces incendios que devastaron casi 4 millones de hectáreas.

Fue un dirigente y otras personas que evitaron que las brigadas del INRA ingresen a las comunidades campesinas "Los Sauces I" y "Los Sauces II", para llevar adelante el trabajo de fiscalización, prevista mediante una resolución administrativa de enero pasado, explicó Capobianco.

"Queremos hacer una denuncia pública que ya fue realizada de manera formal ante la policía, que este trabajo ha sido obstaculizado por el señor Henry León quien ha evitado que se haga la fiscalización de todas las dotaciones que se realizaron a través de asentamientos humanos en la Chiquitanía", denunció en conferencia de prensa.

Esta es la segunda denuncia que pesa sobre el denominado "Clan León", ya que se sospecha que es un grupo que ha sido beneficiado con varios asentamientos en la región.

Al respecto el director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, manifestó que este tema debe tratarse en principio con un adecuado levantamiento de información sobre dotaciones de tierras y asentamientos en Santa Cruz, dado que hay casos que son diferentes.

"Lo que correspondería es que el Ministerio haga un levantamiento de información y de clasificación de tipos de asentamientos que hay en la zona y se pueda transparentar esta información para que se genere el control social que demanda el tema de tierra, porque las intervenciones pueden ser arbitrarias y expulsar a comunidades para beneficiar a unos cuantos", dijo Colque en entrevista con ANF.

De acuerdo a datos de Tierra, en el departamento de Santa Cruz hay un total de 1400 asentamientos en tierras fiscales y muchas son de hace más de 10 años. Cada caso tiene características diferentes, por ejemplo "hay asentamientos de gente que no vive en la zona, por lo tanto, no hay trabajo ni función social. Estas en su mayoría son comunidades asentadas desde el 2017".

Existen otros casos donde se ha otorgado la tierra a terceras personas que sí encaminan labores agrícolas. También se han dado situaciones de dirigentes de comunidades que incurrieron en tráfico de tierras. "Estos dirigentes han comprado y vendido tierras, han afiliado a nuevos miembros en su comunidad, han sacado a otros y han hecho tráfico de tierras", agregó Colque.

Fue tras los incendios en la Chiquitanía entre agosto y octubre que se puso nuevamente en debate la problemática de las normas de ampliación de la frontera agrícola, la apertura a los chaqueos "controlados" y la dotación y tráfico de tierras en el sector. Sin embargo, en los primeros dos casos, el actual gobierno transitorio no ha asumido ninguna postura.

Incendios y pérdidas

La Fundación Tierra determinó que, en el departamento de Santa Cruz, la superficie quemada alcanzó a 3.610.075 hectáreas hasta el 30 de septiembre de 2019 (enero-septiembre).

En el mismo periodo del año anterior, es decir hasta septiembre de 2018, el área quemada había sido de 619.206 hectáreas. Esto significa la superficie quemada fue casi cinco veces más, en comparación con el periodo anterior.

Los datos a nivel nacional ratifican la constatación de que los incendios de 2019 afectaron una superficie mucho mayor en comparación con el 2018. La superficie quemada de 2019 suma hasta el 30 de septiembre un total de 5.027.975 hectáreas, mientras que en toda la gestión del 2018 alcanzó solamente a 1.848.494 hectáreas, lo que significa un crecimiento porcentual de 172%.

Fuente: La Paz, 12 ANF