Acciones de cohecho pasivo de policías, fiscales y jueces

Le he titulado a este artículo, acciones de cohecho pasivo a ciertos procedimientos irregulares parcializados de algunas autoridades encargadas de administrar la justicia y el control de la seguridad ciudadana. De acuerdo a mi experiencia personal, casos difundidos en medios de prensa y de testimonios de personas que conocí, debo decirles que ha existido al anterior de la administración de la justicia y el control policial, una cadena de mandos supeditados al poder político, económico y de clase social.

Un caso excepcional recabado en la Felcc de la ciudad de La Paz, es sobre la muerte o asesinato de un militar del ejército en circunstancias nada esclarecidas. De acuerdo a los expedientes del caso, el uniformado tenía problemas domésticos y vivía separado de su pareja conyugal, pero un día de feriado (2 de noviembre) por la madrugada apareció muerto con signos de haber sido ahorcado y tirado en una zona alejada del centro de la ciudad. El cuerpo sin vida fue encontrada en vía pública apoyada en posición ventral en la acera. Una señora del barrio la había visto al cuerpo recostado en esa posición en la calle a eso de las 3:00 de la mañana; pensando que dormitaba y vomitaba por el tufo que emitía el cuerpo de esta persona, con gesto humanitario la había cubierto con una chamarra y frazada para que no fallezca por el enfriamiento, porque había sido despojado parte de sus prendas, e inmediatamente había llamado a Radio Patrullas 110 para que se hagan presentes en el lugar.

A los 25 minutos de la denuncia, una patrulla policial de la División de Homicidios acompañada de un paramédico se hicieron presentes en el lugar para realizar la evaluación y el levantamiento legal del cadáver trasladándola hasta la Morgue del Hospital de Clínicas de la ciudad de La Paz para su correspondiente autopsia de Ley. Realizada la valoración médico forense, se determinó que la persona había fallecido fruto de un estrangulamiento por presentar un surco equimótico en el cuello y sin signos de violencia en las demás partes del cuerpo; por lo que dedujeron en el informe del Fiscal, atraco criminal de antisociales por encontrarse en estado de ebriedad.

El informe realizado por la Fiscalía, fue a primeras horas de la mañana y comunicado inmediatamente a su esposa que supuestamente le había reportado como "desaparecido" y le estaba buscando desde la noche anterior al deceso. Tras identificarse el cuerpo del militar, la viuda autorizó el retiro de la morque para su posterior velatorio y enterratorio.

Lo insólito de este caso, es que los padres biológicos del fallecido desconocían por completo el funesto deceso de su hijo; ellos vivían en una comunidad rural muy distante de la ciudad y del departamento de La Paz. Pero al enterarse del hecho luctuoso acudieron inmediatamente al lugar y llegaron horrorizados al entierro rompiendo en llanto lo que había ocurrido y pidieron explicaciones a la viuda si habían sido detenidos los autores del homicidio; la mujer con gesto racial y discriminatorio hacia los humildes padres, solo aducía a un atraco común que siempre ocurre en la ciudad cuando uno se encuentra en estado de ebriedad; y según ella, era difícil de saber quiénes fueron los autores, por lo que decidió cerrar el caso y del mismo modo se opuso a que se realice la autopsia de Ley, mencionando que era un gasto insulso e innecesario porque la valoración del levantamiento del cadáver era suficiente, y lo mejor que podrían hacer los padres y familiares del difunto era apoyar en la crianza de los niños del difunto. Pero algunos familiares del finado descontentos con el informe de la fiscalía y cierre del caso, reabrieron el caso en la Felcc para esclarecer el hecho.

Al poco tiempo de realizarse las indagaciones con la asesoría de un abogado penalista, muchos indicios anómalos encubiertos comenzaron a descubrirse; desde el recinto militar donde trabajaba, su residencia actual y su situación conyugal ya no eran compatibles con las anteriores declaraciones hechas por la viuda en la Felcc. Paralelo a ello las acciones intimidatorias comenzaron a surgir; los familiares que realizaban esas indagaciones fueron objeto de vigilancia y seguimientos por las calles de la ciudad de La Paz, y hasta concretizarse en intimidaciones y amenazas de muerte mediante llamadas y mensajes anónimos a los celulares por parte de personas desconocidas que no querían que se prosiga investigando el caso, o caso contrario se sufriría las consecuencias de la amenaza.

Del mismo modo, cuando se visitó a la Fiscalía de Distrito con el cuaderno de investigaciones, el fiscal de nombre Isabelino Fernández, exhortó a los familiares que abandonasen la investigación por ser ya innecesaria, ya que encontrar a los culpables del homicidio ya no devolvería a la vida al difunto, y lo mejor que podrían hacer era preocuparse por los niños; era -el mismo mensaje- que había dado la viuda en el sepelio y el policía investigador encargado del caso, que ya no quiso continuar con la investigación, y lo propio ocurrió con el abogado. Ante esta adversidad negativa de los encargados de velar la seguridad y la justicia, los familiares del militar asesinado decidieron abandonar el caso para evitar más desenlaces nefastos a futuro.

Lo que se ha observado en la descripción de este caso doloso, es que como se ha planificado de manera sistemática un asesinato premeditado con un tiempo de antelación, y legitimadas por medios institucionales del orden policial, judicial y médicas que han conjuncionado en una sola para cometer este delito de cohecho pasivo y dejar proseguir el curso anómalo. Ante todo esto, tuvo que jugarse un beneficio común donde se utilizó las influencias sociales de un poder económico que pudo movilizar a un grupo de homicidas, policías, médico forense y el Fiscal de turno que hizo caso omiso al clamor de los familiares del occiso y el caso sea resuelto o cubierto lo más rápido posible, cosa que en otras circunstancias no ocurriría aquello; el caso de accidentes u otro tipo de fallecimientos, la policía se toma todo el tiempo posible y llega tarde al lugar de los hechos. Y lo mismo ocurre con el médico forense, está ocupado, de viaje o simplemente no está, por lo que el muerto permanece días en la morgue y hacer todo un papeleo para su retiro; e igualmente pasa con el Fiscal de turno, espera todo un proceso documental de los hechos y no hace obrados inmediatos sin haberse documentado y esperado los informes periciales objetivos del hecho en los plazos establecidos.

En todo este proceso se ha observado vacíos procedimentales y visos de nulidad legal. La influencia social, lo político y el poder económico es la que determinó para que este caso quede así, en el penoso y triste proceder de la policía, la Ley y la Justicia boliviana que ampara o defiende al poderoso que tiene dinero e influencias.

El segundo caso, es de mi experiencia personal ocurrida anteaño pasado en la ciudad de Oruro, donde fui víctima de una extorsión de un exempleado de la empresa donde trabajo. El proceso realizado en mi contra es similar al anterior caso analizado. Según mi versión testimonial: una noche de fin de semana asistí a un evento social por un par de horas y posteriormente me retiré junto a mis hermanos a mi domicilio en mi vehículo particular; pero al llegar a mi casa, una patrulla policial me estaba esperando en la puerta mencionando que existía una denuncia en mi contra y que había incurrido en un acto de conducción peligrosa en vía pública; al momento de detenerme me examinaron el grado de alcoholemia con un pequeño aparato digital donde supuestamente marcó 1,6 grados, e inmediatamente validado por un experto de la patrulla 110 que estaba al interior del vehículo patrullero; al ver el resultado me llevaron detenido ante la presencia del autoridades judiciales acusándome de agresión a los patrulleros para recluirme de inmediato en sus celdas sin opción a realizar alguna defensa.

Al poco tiempo de estar encerrado, mi defensa apeló a un segundo examen de laboratorio pericial donde se descartó por completo aquel grado de alcoholemia detectado por la policía y el informe de las autoridades judiciales.

El aparato de alcoholemia ya había estado programado para que se marque en ese grado. También el actuar de las autoridades judiciales no estipulaba los tiempos procesales legales, por lo que empezó a ventilarse anomalías y visos de nulidad del caso. Durante este tiempo salió a flote la extorsión de estas personas al acusado y hasta descubrirse finalmente a la persona (un exempleado y sus dos abogados extorsionadores expertos en este delito) que había gestado todo este complot delictivo para sacar provecho económico de la situación y un rencor arraigado hacia mi persona que lo llevó a asumir este acto como venganza personal.

Lo triste y penoso de este caso, es igual al anterior, de cómo la institucionalidad del orden policial, judicial y médica es manipulada y planificada de forma maquiavélica por este tipo de personas para cometer el delito de cohecho pasivo en beneficio del otro; misma que está penada por el Código Penal a 8 años de reclusión de cárcel (art. 173); la extorsión policial debe ser sancionada con la pena de 3 años de cárcel (art. 333), y los sobornos con 2 años (art. 170); y en el caso de detectarse acciones de Prevaricato de Fiscales y Jueces en contravención de la norma, la pena es de 4 años de cárcel (art. 173).

Esperemos que estas disposiciones establecidas en la Ley sean cumplidas al pie de la letra, y el castigo hacia estas personas que manipulan la justicia sea ejemplarizado, para que otra vez la Ley nos vislumbre una esperanza de vida a la población mayoritaria de los bolivianos que buscamos seguridad y justicia sin discriminación. Que los profesionales hoy en día hemos perdido nuestros valores, principios, éticos y morales, que a partir de hoy tengamos la conciencia personal, humanitaria, valores, respeto, ética moral, ética profesional, humildad, responsabilidad y seriedad al trabajo; si aplicamos estos principios en el país y la justicia sería diferente, no existiera varios detenidos en centros penitenciarios, ni mucho menos la extorción económica. Olvidemos el odio, rencor, represalias, venganza que no lleva nada bueno a lo futuro; solo nos convertimos en un personaje fracasado y resentido social sin aspiraciones.

Para mi experiencia suscitada todo lo malo fue y es una fortaleza para seguir luchando y desarrollando empresarialmente con la moral en la frente.

(*) Antropólogo, Doctorante de la Universidad

de Madrid (España). E-mail: santicondaz@hotmail.com