Jueves 23 de enero de 2020
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El ingreso de militares al Chapare y la decisión de establecer vigilancia compartida con la Policía Boliviana en las ciudades del país ha causado revuelo. Por una parte, ambas medidas fueron rechazadas por dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS), es decir por la agrupación política que prepara manifestaciones y actos públicos a partir del 22 de enero que pudieran ser el retorno a la época de enfrentamientos fratricidas. En efecto, estas medidas para la vigilancia, que tienden a preservar la tranquilidad pública, han sido asumidas por ciertos parlamentarios de oposición como acciones provocadoras.
Hay más: se ha hecho pública la exigencia de que los efectivos militares se retiren del campo y de las ciudades. Nadie puede imaginar, o mejor dicho justificar, que se restrinja la permanencia de militares y policías donde viven los ciudadanos que requieren protección.
Con la pretensión de algunos pobladores de la zona cocalera del Chapare de regirse independientemente, es decir sin intervención de la autoridad nacional, se contraría la existencia de un elemento básico de un Estado: la soberanía territorial. En efecto, "la soberanía territorial es el conjunto de los poderes que el Estado ejerce sobre su propio territorio". "La soberanía territorial es el poder de actuación exclusiva que el Estado tiene sobre un territorio?". (Gerardo Martínez García. Los derechos territoriales del Estado. La Gaceta Jurídica. 04.10.2014).
No sólo se trata de la doctrina jurídica que define los derechos soberanos del Estado, sino también nace de la obligación de todo gobierno de proteger a la población. El ministro Yerko Núñez, con propiedad, se refirió a la acción de las instituciones encargadas de cuidar la paz y la seguridad de los ciudadanos: "Estos son patrullajes rutinarios que consideramos que se deben hacer permanentes para luchar contra el terrorismo, para lograr consolidar la pacificación de Bolivia, la estabilización de la democracia".
Fuente: Marcelo Ostria Trigo
