Los datos fueron divulgados este martes por el estatal Instituto de Seguridad Pública (ISP) y reflejan la polÃtica de seguridad adoptada por el actual gobernador de RÃo de Janeiro, el conservador Wilson Witzel, un defensor de "mano dura" en el combate al crimen y que asumió su mandato el 1 de enero de 2019.
De acuerdo con los datos divulgados por el ISP, organismo vinculado a la secretarÃa regional de Seguridad Pública, el número de muertes violentas, que incluye los homicidios, los latrocinios y las lesiones seguidas de muerte, cayó desde 5.180 en 2018 hasta 4.154 en 2019.
Los homicidios dolosos (con intención de matar) se redujeron en un 19%, desde 4.950 en 2018 hasta 3.995 en 2019, el menor número desde que el dato comenzó a ser contabilizado en 1991, es decir en 28 años. Y los latrocinios (robos seguidos de muerte) bajaron un 34%, hasta 115 vÃctimas, igualmente el menor número desde 1991.
La disminución se produjo pese a que las muertes en operaciones policiales saltaron desde 1.127 en 2017 y 1.534 en 2018 hasta 1.810 en 2019, el mayor número desde que los datos son contabilizados y que dejan un promedio de cinco por dÃa.
Las muertes provocadas por la PolicÃa representaron el 30,34% de todas las muertes violentas en RÃo de Janeiro el año pasado, es decir que, de cada tres homicidios en este estado, uno fue provocado por agentes del orden.
Pese a ese aumento, el número de muertes en operaciones policiales viene cayendo en los últimos meses, desde 195 en julio, 173 en agosto, 154 en septiembre, 144 en octubre y 135 en noviembre hasta 124 en diciembre.
En un comunicado, el ISP conmemoró la reducción de la mayorÃa de los Ãndices de criminalidad, principalmente homicidios, asaltos y robos.
Los robos de vehÃculos bajaron un 24%, desde 52.087 en 2018 hasta 39.749 en 2018; los de carga en un 19%, hasta 7.455 casos; y los practicados contra pedestres y pasajeros de autobuses en un 8%, hasta 120.456 casos.
La criminalidad en RÃo de Janeiro aumentó considerablemente tras los Juegos OlÃmpicos de 2016, lo que obligó al Gobierno a autorizar una intervención militar en 2018.
Aunque las cifras han disminuido, organizaciones defensoras de derechos humanos han criticado las polÃticas de seguridad pública adoptadas por la actual administración regional para frenar la violencia.
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