Extorciones y abusos del poder judicial politizada en Bolivia

El segundo fenómeno salido a la luz de los medios, es la extorsión y chantaje de un consorcio de abogados bien organizados para delinquir haciendo uso de su profesión en el ejercicio de defender la justicia; así estos abogados extorsionaban a sus clientes litigantes pidiéndoles altas sumas de dinero para emitir un fallo a su favor. Entre este tipo de hechos tristes para la justicia boliviana, el ejercicio de la abogacía y los jueces, se tiene el caso del "consorcio de abogados en la ciudad de La Paz" donde el abogado ex fiscal de distrito Isabelino Fernández, lideraba un grupo de abogados desde el más bajo rango hasta la cúpula alta de los jueces donde se emitían las sentencias finales; según testimonios de los afectados litigantes, se menciona que estos abogados cobraban desde los 2000 $us. como mínimo hasta los 30.000 dólares americanos para que el fallo final se emita a favor de sus clientes. El otro caso procede de la ciudad de Cochabamba, es sobre el famoso abogado torturador de nombre Jhasmani T. L. que llevaba el caso de un mecánico, quien le habría entregado un poder y una alta suma de dinero para que su proceso llegue a su curso final en el menor tiempo posible, pero el abogado le daba largas y sin resultado alguno, sólo atinaba a pedir más dinero; el cliente cansado por la tardanza le pidió que devolviese los documentos y parte del dinero, el abogado no quiso, es más, la había encerrado en su oficina agrediéndole verbalmente e intimidándola con despojar sus bienes porque tenía el poder. Este caso se ventiló a la luz pública de los medios, puesto que había hecho lo mismo con otras personas que lo denunciaron. Y cuantos más habrá este tipo de casos en los diferentes juzgados del país, no son conocidos, talvez al igual que los otros están siendo intimidados y callados, perdidos en el anonimato. El delito de la extorsión está sancionado con tres años de reclusión establecida en el art. 333 del Código Penal.

El tercer fenómeno observado recientemente, es en el campo político con ex autoridades de gobierno, donde la justicia procede de manera rápida y violenta; otra vez debo decir que es una ironía, ya los que se querellan e inician los procesos son estas mismas personas que cometen agravios de orden político y aparecen a la luz de los medios de prensa como las víctimas y la víctima modelada, estereotipada y calumniada como el agresor en potencia. Se ha visto que los procesos penales son tan rápidos que uno ya no sabe quiénes o en qué momento del día están siendo remitidos en las cárceles. El actual "Código Penal" boliviano y el "Código de Procedimiento Penal", establece en su artículo único -el debido proceso al acusado-, y no es culpable hasta demostrársele lo contrario, y también tiene el derecho a la defensa, pero estos puntos cruciales de la norma parece pasar por alto en lo que está pasando con el conjunto de aprehensiones políticas; el artículo del riesgo de fuga del acusado es la que prima para este tipo de procedimientos. Según lo que veo, el resentimiento rencoroso y oportunidades de venganza es la que se juega en este tipo de casos descritos. Eso debe pasar en todo ámbito social, político y económico; recuerdo bien en mi trabajo a dos colegas empleados de la empresa con cargos jerárquicos, aprovecharse de una situación oportuna para extorsionar al Gerente sobre el pago de ciertos beneficios o caso contrario se podría difundir información confidencial, o en el peor de los casos, destruírsela intencionalmente para causarle perjuicio a la empresa. Este tipo de chantajes o extorsiones están penados en el Código Penal por el artículo 339 como delitos de "Destrucción de cosas propias, para defraudar" con la reclusión de uno a tres años. De este caso tipificado como delito penal, el gerente más indulgente no les hizo ningún proceso judicial a más de retirárseles de sus funciones con su previa liquidación. Pero como dice el refrán "cría cuervos y te sacarán los ojos", al poco tiempo estas personas llenas de rencor, asumieron actitudes de venganza haciendo campañas de desprestigio institucional y agravios de difamación a su ex jefe, que de alguna manera se sintió afectado. Pero él firme a sus principios éticos continuó con sus labores; e irónicamente al paso del tiempo, estas personas cargados de una hipocresía, volvieron a la oficina del Director para solicitar su anterior empleo.

La administración de la justicia boliviana está subyugada al poder económico y político de los gobernantes de turno, y del mismo modo a las clases privilegiadas o élites familiares que gozan de cierta influencia hacia estos estamentos del órgano judicial. En vano los políticos candidatos a ocupar el cargo presidencial pregonan la lucha de la justicia, ya que con los últimos conflictos sociales y la posición de nuevas autoridades del poder judicial, se ha observado que caen en lo mismo. La administración de la justicia, la debemos comenzar a ejercer en uno mismo con una metacognición reflexiva y espiritual a diario, y sólo así, talvez encontremos la verdadera paz y justicia.