Tiempo de definiciones

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Después de la tempestad viene la calma, en mi anterior columna reflexioné sobre lo que podría ser el futuro del país y de sus proyectos industriales tan venidos a menos en tiempos donde las tecnologías parecen copar el interés general, la conectividad ocupa mentes y corazones, los problemas se ven con lentes de realidad que tiene mucho de virtual y donde el mundo real debe acomodarse al piloto automático de los gadgets de moda. Somos tan ultras en todos los aspectos de la vida cotidiana que la Inteligencia Artificial (IA) ya es parte de nuestras preocupaciones, todo lo vemos en una pantalla de un iPhoneo de un ordenador, allí todo es color de rosa y la solución de nuestras vidas parece estar al alcance de un clic.

A lo largo de muchos años de relación con la industria minera y sus correlatos, he podido establecer algunas pautas importantes de comportamiento que explican el pobre desempeño del sector; por razones de espacio me referiré solo a tres aspectos medulares que estimo debieran definirse si se quiere cambiar positivamente: i) Los recursos naturales del suelo y el subsuelo ¿deberían ser manejados por el Estado, por los privados o por los grupos humanos originarios? ii)Una concesión minera o un contrato con el Estado ¿debieran ser Derechos Reales en sentido estricto? iii) El valor de un recurso mineral o de otro tipo en el suelo o subsuelo ¿debería ser garantía para financiar su desarrollo? La historia republicana contemporánea nos muestra alternancia de visiones políticas contradictorias, definiciones parciales y acomodos políticos al respecto. Por eso es que siempre estamos en crisis esperando el cambio y con la idea de que éste nos obligará a empezar de cero.

Hasta el mes pasado vivimos la preponderancia del Estado operador y financiador, que lo hacía todo, que cobijaba a pueblos originarios, comunidades y cooperativas como operadores alternativos, que arrinconaba la iniciativa privada y así las cosas, estamos aún en la periferia de los negocios mineros globales, donde los que ganan son los operadores informales y los que pagan la factura, el Estado y los empresarios. Previo a este esquema, vivimos más de veinte años de liberalismo donde se privilegió la iniciativa privada, se produjo un boom de exploraciones, se desarrollaron algunos proyectos importantes que salieron a la palestra con mucha dificultad, pero cuando se suponía que los frutos tenían que cosecharse, se vino el cambio que vivimos hace más de una década. La factura la pagó el Estado (por re- estatizaciones) y los empresarios que sí bien ganaron plata, habían perdido ya el impulso necesario para desarrollar una minería de clase mundial que sí hubiese sido de mucho beneficio para el país.

¿Cuándo habrá un cambio definitivo? Recetas hay, pero deben ser debatidas en otro ambiente y con otros actores, el reto supera el alcance de esta modesta columna de opinión.

*Ingeniero geólogo,

ex Ministro de minería y metalurgia

Fuente: Dionisio J. Garzón M. *