Investigan a casi 600 exautoridades de Evo Morales para detectar corrupción

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El Gobierno interino de Bolivia iniciará una investigación a casi 600 exautoridades que desempeñaron funciones durante la Administración de Evo Morales para detectar posibles delitos de corrupción y recuperar "activos" que probablemente están en el extranjero.

El director general de Lucha contra la Corrupción, Mathías Kutsch, y el ministro interino de Justicia, Álvaro Coimbra, hicieron el anuncio sobre esta investigación que involucra a 592 exautoridades del Gobierno de Evo Morales desde 2006 hasta 2019.

"Se ha decidido iniciar las investigaciones para identificar quiénes son las personas que han cometido delitos de corrupción y han desviado los recursos públicos, que principalmente hayan derivado a otros países y que actualmente estén refugiados en el extranjero", indicó Kutsch en una rueda de prensa en La Paz.

El director señaló que la lista es reservada, aunque indicó que la investigación implica al expresidente Morales, al exvicepresidente Álvaro García Linera, a exministros, exviceministros y anteriores jefes de gabinetes.

Kutsch sostuvo que las personas que "hayan manejado recursos del Estado" serán investigadas, al igual que anteriores autoridades que tenían algún proceso de investigación penal o interna.

"Cuando se encuentren indicios para investigar a familiares, la ley y la norma también nos faculta para que sean investigadas", indicó el director.

Además, apuntó que esperan que en unos tres meses esta investigación ya cuente con los primeros resultados para identificar a las personas, el daño económico y principalmente conocer la cantidad de "activos" que "han sido fugados al extranjero".

La determinación de esta investigación fue resultado de una reunión entre los ministerios bolivianos de Justicia, Gobierno y Relaciones Exteriores, la Procuraduría General del Estado, la Unidad de Investigaciones Financieras, la Fiscalía y el grupo Star Gira que aprobaron la lista de las exautoridades que serán investigadas.

Star Gira es una asociación creada en 2007 entre el Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) que apoya los esfuerzos internacionales para poner fin a los refugios de fondos corruptos.

Esa entidad trabaja en Bolivia desde 2005 para facilitar la devolución de activos robados, según un boletín de ese Ministerio.

Bolivia vivió una crisis entre octubre y noviembre del año pasado tras las fallidas elecciones por denuncias de fraude electoral a favor del entonces presidente Evo Morales, quien renunció el pasado 10 de noviembre denunciando un golpe de Estado para derrocarlo.

Morales se asiló en México durante un mes y en diciembre llegó a Argentina donde realiza sus trámites para su refugio.

La residencia de México en La Paz acoge desde hace más de un mes a alrededor de una decena de exfuncionarios del Gobierno de Morales, incluidos algunos exministros, cuatro de ellos con órdenes de aprehensión por supuestos delitos como terrorismo.

Fuente: La Paz, 8 (EFE)