El poder de coacción del estado

En estos momentos, en diferentes lugares del mundo, hay infinidad de manifestaciones públicas con toda clase de reivindicaciones y reclamos, pero con sólo dos tipos de protagonistas: civiles y policías. Los primeros pueden ser segmentos de la sociedad como pensionistas, ecologistas, trabajadores, estudiantes o la suma de todos. Cuando las protestas llegan a mayores, con destrucción de la propiedad pública y privada, es cuando actúa la Policía por mandato de la ley, en nombre del Estado. Las cosas se solucionan mediante acuerdos y concesiones, así sea parciales de parte del Estado.

DE REPRIMIDOS A PROTECTORES

En Bolivia, hace apenas dos meses que la gente estaba siendo correteada por la Policía durante las protestas contra el fraude cometido por el Gobierno para perpetuarse en el poder. Y, cosa digna de admiración, ante la justeza de las protestas, los uniformados se replegaron, negándose a seguir reprimiendo al pueblo. Y la ciudadanía por su parte, se volcó a proteger a los policías.

Luego de la renuncia y huida del Presidente, Vicepresidente y miembros del gobierno, vemos nuevamente en acción a la Policía cumpliendo su función constitucional de proteger la vida y la propiedad privada y pública, frente a la acción criminal de los grupos terroristas que andaban quemando, destruyendo oleoductos y puentes, cumpliendo órdenes de su jefazo para cercar ciudades y poblaciones urbanas, a fin de matar de hambre a todos los pobladores.

Ante la magnitud de los acontecimientos, la Policía solicitó el refuerzo de las Fuerzas Armadas que salieron también en cumplimiento de su deber constitucional. Aunque para ello se tuvo que emitir un Decreto liberando de responsabilidad a los uniformados, el mismo que sin embargo fue abrogado poco después.

Sensiblemente, las acciones sediciosas produjeron varias muertes, antes y después de la renuncia. Muertes no imputables a la fuerza pública porque se demostró que en muchos casos los proyectiles no eran de reglamento. La solución vino mediante los acuerdos entre Gobierno y familiares, para investigar cada caso y conceder una indemnización monetaria.

Pero, ¿hubo necesidad de emitir tal Decreto? Para muchos entendidos no había necesidad por tratarse de cumplimiento de sus funciones específicas.

PODER DE COACCI�?N

Situaciones como ésta se reproducen en todo el mundo cuando los gobiernos apelan a la fuerza para reprimir acciones violentas, resguardar la tranquilidad y proteger la propiedad pública y privada.

Entonces debemos preguntarnos, ¿cuál es el origen o justificación de ese Poder de Coacción que ostenta el Estado?

La coacción, según Cabanellas, "es el empleo de fuerza legítima que acompaña al Derecho para hacer exigibles sus obligaciones y eficaces sus preceptos". Se muestra particularmente en la actuación de los cuerpos de policía además de en la ejecución de las sentencias -la muerte sobre todo- nos dice. "Es la fuerza al servicio del Derecho", remarca.

Estos mismos elementos los encontramos en muchos conceptos y definiciones. Por ejemplo, Masci dice que Estado, es la organización jurídica del pueblo en un territorio determinado, bajo un poder soberano"

Para Ihering es "la organización de la coacción social". Seydel dice que es "un pueblo y un territorio regidos por un poder supremo".

Profundizando más, seguiremos a Harold J. Laski cuando dice que "Todo ciudadano del mundo moderno es súbdito de un Estado" y está legalmente obligado a obedecer sus órdenes y los perfiles de su vida vienen marcados por las normas que el Estado impone. "Estas normas son las leyes, y en el poder de exigirlas a todos los que viven dentro de sus fronteras es donde radica la esencia del Estado". Para ello establece un sistema de imperativos y usa la coacción para asegurar su obediencia. "así por ejemplo, la norma manda no matar y castiga toda violación de esta orden".

Entonces, el Estado es el único que tiene el monopolio de la fuerza o el poder de coacción para el cumplimiento de sus fines.

Y lo hace a través de sus órganos como los tribunales correspondientes y organismos operativos como la Policía, Fuerzas Armadas etc., y en el marco de sus funciones específicas.

Pero, de ¿dónde proviene esa potestad reguladora, protectora y sancionadora del Estado, y el origen del Estado mismo?

Eso lo podemos encontrar en las Teorías del Contrato Social, desarrolladas por diversos tratadistas en los Siglos XVII y XVIII.