Un nuevo golpe escénico se cumplió en el gabinete ministerial al aprobar un incremento en los sueldos de los funcionarios públicos tras establecer que son “mal pagados” y que el proceso de austeridad implantado desde 2006 ya no corresponde al tiempo actual en el que los salarios en el aparato estatal deben ser elevados a niveles de dignidad.
El asunto por supuesto que ha tenido que ser considerado meticulosamente, sabiendo que el sector público, imprescindible en su participación para que funcione la complicada maquinaria estatal, representa sin embargo, una de las cargas más fuertes en el presupuesto nacional para pagar sueldos a miles de ciudadanos que están incorporados a la planilla oficial.
Aunque todavía no se ha establecido una escala de incrementos en los diferentes niveles de la Administración Pública, y tampoco se ha definido una categorización de los servidores públicos, la expectativa es natural en ese sector que en el curso de la gestión presente podría alcanzar lo que se ha denominado un sueldo digno que compense sacrificios y, al mismo tiempo, opere un recíproco mejoramiento de servicios a la comunidad.
Cuando se menciona al sector público, de manera general hay que pensar en centenares de funcionarios, hombres y mujeres que ocupan cargos en toda la estructura gubernamental, llámense ministerios, subsecretarías, organizaciones de servicios diversos, incluyendo las gobernaciones departamentales y los municipios en conjunto, además de consignarse en realidad a todo funcionario que perciba su salario directamente del Estado, por tanto se trata del mayor contingente laboral que se sostiene con recursos estatales, dinero del pueblo.
Seguramente este sector laboral del país, que en buen porcentaje responde en su ubicación a los “avatares” políticos que se desarrollan con determinada frecuencia y en algunos casos con sorpresa, son parte de lo que se conoce también como “el pago de la factura partidaria”, por tanto se trata de un sector con afinidad al sistema gobernante de turno, que con seguridad merece mejores condiciones de sostenibilidad económica.
Para el resto de la sociedad el asunto tiene carácter de particular favoritismo, aunque por su forma de aplicación quedará para su ejecución en los próximos periodos, en los que podrán cambiarse empleados, pero la escala de sueldos se mantendrá con el incremento que se definirá luego.
En la Administración Pública se ha sugerido que para mejorar las tareas de servicio administrativo debería ser institucionalizado el sector, además de dar importancia inalterable a lo que se conoce como la “carrera administrativa” que casi siempre es vulnerada cuando los cambios políticos así lo imponen con total desconocimiento de la norma.
En todo caso lo importante de este asunto es que al haberse dispuesto en un “gabinete ampliado” el incremento de salarios para los funcionarios públicos, es menester que paralelamente tal beneficio signifique al sector asumir de manera colectiva un compromiso de mejor servicio a la sociedad, en todos los niveles de la Administración Pública, con celeridad, responsabilidad, capacidad, buen trato y eliminando todos los signos de burocracia y maltrato. Así se justificará un incremento salarial que más allá del contenido meramente político tenga el sentido de mejorar la eficiencia en el sector público.
Fuente: La Patria
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