14 de las áreas de explotación de YPFB están sobrepuestas a parques naturales y áreas protegidas

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Las discusiones ambientales en estos años se han concentrado en los megaproyectos y actividades extractivas de alto impacto, mismos que han generado rechazo de las poblaciones afectadas, indígenas, campesinos, organizaciones y autoridades. De acuerdo a una investigación, se ha establecido que actualmente al menos 14 áreas de explotación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) están ubicadas en áreas protegidas y parques naturales.

"En lo que se refiere al sector de hidrocarburos, actualmente, YPFB cuenta con 100 áreas reservadas para exploración y explotación, de las cuales 14 están sobrepuestas a parques naturales y áreas protegidas; es el caso del Parque Nacional Madidi, Parque Tariquía y otros", detalla el último informe de Fundación Jubileo sobre las condiciones en las que se ha dejado al país luego de más de 13 años de gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Este estudio detalla el deterioro y las amenazas para el medio ambiente con los megaproyectos y políticas extractivistas que se encaminaron, particularmente, en esta última década.

En esa línea, el sector extractivo de hidrocarburos y minería, es necesario que a mediano plazo avance de un modelo extractivista hacia otro más sostenible y diversificado. "Esta transición puede darse de un modelo de alta explotación a uno de extracción necesaria", apunta Jubileo.

"El planteamiento para la construcción de megarepresas eléctricas en el oriente boliviano, la carretera por el parque indígena Tipnis, las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en áreas protegidas, la explotación minera sin control ambiental y, recientemente, la aprobación de normas que desencadenaron en los incendios en la Chiquitanía boliviana son algunas medidas del gobierno anterior de Evo Morales en contra de sus propios postulados de defensa de la madre tierra", se puede leer en el estudio.

Todos los mecanismos que se llevaron adelante, afectando incluso a pueblos y territorios indígenas van en contraposición a La Ley de la Madre Tierra que el mismo MAS impulsó y que se consideró de las más trascendentales, incluso a nivel internacional. Esta norma promulgada en octubre del 2012, "fundamenta el desarrollo integral en armonía y equilibrio con la naturaleza, garantizando la continuidad de la capacidad de regeneración de los componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra".

El punto de la investigación de Jubileo que se centra en las afectaciones de estos años al medio ambiente y áreas protegidas da cuenta que del caso más reciente se suscitó entre los meses de agosto y septiembre de 2019. "La mayor crisis ambiental fue ocasionada por los incendios forestales producidos en la Chiquitanía y en menor proporción en la Amazonía, cuyas causas son leyes y decretos".

Por lo que se establece que sólo en el departamento de Santa Cruz, más de 10.000 familias fueron afectadas en su producción agrícola, otras tantas por la escasez de agua, alimentos y muchas más en su forma de vida.

PERSPECTIVAS Y RETOS

En el camino a un nuevo escenario electoral y vislumbrando la elección de nuevas autoridades, Jubileo manifiesta que en cuanto al medio ambiente se deben encaminar medidas y políticas de fortalecimiento a la institucionalidad de las entidades del sector ambiental, con personal cualificado en estas temáticas.

"Por otra parte, anular las disposiciones que contravengan la Constitución Política del Estado y convenios internacionales a los que se adscribió el país, de modo que desde la institucionalidad y la legislación se precautele el medio ambiente, la biodiversidad, los recursos naturales y los derechos de pueblos indígenas", establece el informe de Jubileo.

Fuente: La Paz, 27 (ANF)