Acusan al actual gobierno de seguir políticas extractivistas del MAS

Una de las principales temáticas que se puso en agenda estos años por sectores indígenas y campesinos fue la demanda de anular megaproyectos hidroeléctricos por considerar que generan daños inminentes. Hace unos días, desde el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas se conoció que sus primeras autoridades sostienen reuniones para evaluar la actual situación de uno de los proyectos polémicos, como la hidroeléctrica Rositas en Santa Cruz, por lo que organizaciones civiles aseguraron que se busca seguir políticas "destructoras" del pasado gobierno del MAS.

"Denunciamos que los grupos de poder del Oriente (agroempresariado y otros) que hasta hace poco eran fuertes aliados del MAS, se rearticulan en torno a la ministra Pinckert para seguir imponiendo megahidroeléctricas que son inviables económicamente y destruirán nuestros territorios", detalla en su cuenta la Coordinadora de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas - Contiocap, una de las instancias que ha trabajado en este tiempo para generar políticas alternativas a las hidroeléctricas impulsadas por los gobiernos de turno.

Fue el 2015 que se anunció de la ejecución y puesta en marcha del proyecto Rositas bajo la modalidad llave en mano, se habló de una inversión de 1.000 millones de dólares provenientes de un crédito. A partir de ello, pobladores activistas y organizaciones civiles se movilizaron para rechazar este proyecto.

De acuerdo a las bases de este plan, de construir una mega represa, se estableció que primero se construirá la central hidroeléctrica de Rositas, las centrales de Cañahuecal y La Pesca y otras cuatro represas sobre el Río Grande. Se habló de una afectación en una primera instancia de al menos 23 comunidades y riesgo inminente de inundaciones en 10.

Ruth Alipaz, dirigente indígena de la Amazonía boliviana y coordinadora general de la Contiocap, afirmó que estas reuniones que la ministra de Medio Ambiente, María Elva Pinckert, lleva adelante, son una muestra de que se pretende dar continuidad a políticas extractivistas tan cuestionables del pasado gobierno del MAS y que generaron rechazo de muchos sectores.

"Hay acciones de este gobierno están yendo más allá de sus atribuciones. Está haciendo que su ministra impulse estos proyectos, sin conocimiento y usurpando funciones del Ministerio de Obras Públicas. Estamos viendo que es claro que la ministra esta designada para continuar con las políticas extractivistas del MAS que atentan contra el medio ambiente y los derechos humanos", afirmó Alipaz y adelantó que se tomarán medidas ante estos eventos de impulsar proyectos y planes "destructores".

Desde la cuenta del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas se publicó que "la ministra se reúne con la Gobernación, ENDE y el Ministerio de Energía, entre otras instituciones para conocer el estado de situación del proyecto hidroeléctrico Rositas en Santa Cruz".

A finales de 2018, la Empresa Nacional de Electricidad de Bolivia (ENDE) informó que el proyecto hidroeléctrico Rositas se postergó por el constante rechazo de las comunidades contiguas.

Recientemente también la ministra de Medio Ambiente se reunió con empresarios de Santa Cruz para llevar adelante políticas de recuperación de la Chiquitanía, azotada por incendios que destruyeron casi 5 millones de hectáreas.

Fuente: La Paz, 23 (ANF)