Garantizarán seguridad jurídica para la minería

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Uno de los aspectos de mayor controversia en la actividad minera, debido a las condiciones en que se presenta, es sin lugar a dudas el referido a la "seguridad jurídica" que reclaman los operadores mineros y especialmente los que disponen de inversiones para desarrollar emprendimientos que implican tiempo y dinero. Si no hay seguridad jurídica, muy difícilmente se logrará que alguna empresa gubernamental o privada pueda convenir los términos de una "sociedad productiva", sabiendo que la misma carece de bases legales para concretar proyectos y asegurar su desarrollo.

En nuestro país se han dado muchas situaciones de riesgo para las inversiones mineras, se han dispuesto condiciones para cierto tipo de sociedades y resulta que en cuestión de tiempo y hasta en función de dinamismo empresarial, se han despertado intereses de ambición desmedida, generando avasallamientos en la propiedad privada y hasta el despojo de concesiones mineras, sin que autoridad alguna hubiese logrado resarcimiento de daños, lo que se entiende muy claramente como un robo descarado y consentido, por falta de los instrumentos legales que garanticen inversiones en proyectos mineros.

En otro nivel de este mismo proceso de inversión en minería, aún cuando la Ley 535, garantiza las inversiones mineras y hasta define que el Estado boliviano tendrá siempre el mayor porcentaje de acciones, cuando las cosas no marchan regularmente, hay otra alternativa que se aplica, con cierta tonalidad política y se la conoce como "nacionalización" o para darle cierto justificativo a tal actitud, también se denomina como "recuperación de la riqueza del Estado" y el proceso corre, aunque más tarde justamente el Estado deberá pagar algún tipo de indemnización, lo peor es que el proyecto quedará en suspenso, necesitará un nuevo planteamiento productivo, como el caso Mallku Khota, el más revelador del último tiempo.

En ésta situación es que la nueva directora nacional de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) Guicela Patzi Ramos, posesionada recientemente "garantiza la seguridad jurídica a los actores productivos mineros", anunciando además la implementación de acciones para el desarrollo de actividades responsables en el sector minero. La nueva autoridad Anunció que "desburocratizará los procesos mineros, para facilitar las gestiones mineras ante la autoridad reguladora, especialmente en lo que compete a la obtención de contratos administrativos mineros, licencias de prospección y exploración, además de la adecuación de derechos vigentes.

Se espera que la AJAM, cubra ese detalle importante de otorgar seguridad jurídica a los operadores e inversionistas de la minería renovadora.