Una serie de lamentables hechos que se produjeron recientemente con la pérdida de vidas y la reacción de la comunidad frente a la delincuencia abre un escenario para un amplio debate en el que confluyen varias alternativas, pero cuyo origen innegablemente no es otro que la pobreza y sus consecuencias que se convierten en delitos como parte de una reacción social, en un país en el que contradictoriamente se habla de macro cifras y hasta de planes suntuarios para gastar los recursos del Estado.
La reacción de la población ante los recientes delitos fue pedir la “pena de muerte” para los culpables, aunque tal figura ha sido rechazada en diferentes niveles de la comunidad y especialmente con una abierta exhortación del Cardenal de la Iglesia Católica, Julio Terrazaas, que aboga por el respeto a la vida y propone una justicia equitativa, que contemple también mejorar los niveles de vida de toda la población.
Hay circunstancias especiales que deben ser consideradas serena, pero responsablemente en los niveles de Gobierno, donde parecería que se minimizan ciertos hechos y se hace culto a la “cifrología” para mostrar una bonanza que está en la “libreta de ahorro del Estado” pero que no llega a los sectores donde las necesidades extremas de sobrevivencia conducen al delito para salvar la contingencia entre la vida y la muerte.
Bajo esas condiciones la mentada seguridad ciudadana queda reducida a las posibilidades ciudadanas de “sálvese quien pueda” porque además la Policía casi siempre está ocupada en perseguir políticos, en contener manifestaciones, en levantar bloqueos, en corretear a opositores y en resguardar los lugares estratégicos en que se desarrolla la actividad oficial, restando importancia a la seguridad ciudadana bajo el argumento de que ese objetivo es tarea de todos y no sólo de la Policía.
Y las consecuencias de ese modo de actuar se observan en las violentas reacciones populares, mostrando justamente la desconfianza que existe con la Policía y con el Ministerio Público, donde los delincuentes aparentemente son “favorecidos” por circunstanciales medidas que permiten su libertad y hasta su reincidencia delictiva, poniendo en riesgo la seguridad de las personas.
El problema, según los observadores, radica en la falta de oportunidades para la población, especialmente la que tiene responsabilidad de sostener una familia, no hay fuentes de empleo y por tanto no hay seguridad ciudadana, y hablar de ese concepto no significa simplemente disponer guardias, sino que además los mismos estén dotados convenientemente para enfrentar el delito, pero que además puedan cumplir sus funciones principales de preservar la seguridad ciudadana y no la de “apagar incendios sociales”.
Por el otro lado hay la esperanza de que los nuevos magistrados revaloricen la justicia como tal, pues todavía predomina la inequidad en el juzgamiento de ciertos ciudadanos, lo que muestra una justicia subordinada al poder central que afecta los derechos humanos y altera el orden constituido.
Los hechos recientes, lamentables por su magnitud y por los efectos que se han desatado, merecen repensar con urgencia en los programas de Gobierno para que el desarrollo de estos últimos sean de beneficio colectivo traducidos en una disminución del desempleo y en la creación de oportunidades de trabajo para contrarrestar la delincuencia y la inseguridad ciudadana.
Fuente: La Patria
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