Martes 17 de diciembre de 2019
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La capacidad que tenía el partido del cocalero fugado de aprovecharse del Estado rompía barreras de tiempo y espacio.
El gobierno de la presidente Jeanine Áñez asumió el 13 de noviembre pero ocurre que el 18, cinco días después, el aparato burocrático del masismo firmó un contrato por 10 millones de dólares en nombre del Estado boliviano.
El jefe de estos corruptos había huido al exterior después de renunciar al cargo por voluntad propia pero cinco días después el aparato de la corrupción no podía parar y siguió operando como lo había hecho desde 2006.
Era para comprar un soft-ware (programa de computadora) para la Gestora Pública, un programa que ya había sido comprado anteriormente por 5 millones de dólares por el propio gobierno del cocalero.
Seguramente olvidaron ese detalle, pero lo cierto es que en noviembre de 2019 decidieron comprarlo otra vez, aunque por un precio mayor.
Es decir que Bolivia estaba gastando 15 millones de dólares por un programa que debía servir para que los masistas puedan operar el sistema de jubilaciones de las AFP.
