Delitos contra el país deben ser juzgados y sancionados

El alejamiento del gobierno del jefe del MAS y su equipo de colaboradores, ha dado lugar a que finalmente el país pueda restituir la justicia, un poder del Estado que estuvo bajo el dominio del partido de gobierno durante casi 14 años; tribunales que han obedecido órdenes del régimen y su partido y se han prestado a perseguir y condenar a quienes consideraban como enemigos y contrarios a las causas socialistas defendidas ciegamente por ellos desde el año 2006.

Restituir la vigencia del Poder Judicial debe ser prioritario para el gobierno porque, como nunca en la historia nacional, este poder estuvo sometido a las decisiones de quienes gobernaron irregularmente anulando totalmente la institucionalidad. La administración de justicia fue manipulada y sometida a la voluntad de quienes gobernaron; los fiscales se convirtieron en policías y jueces conforme a dictados del poder Ejecutivo; el Ministerio de Justicia funcionó de acuerdo a conveniencias partidarias y fue una especie de vigilante para que jueces y fiscales actúen conforme a conveniencias e intereses partidarios.

El Poder Legislativo, cuya mayoría ejercía el partido del gobierno de escandaloso que se hizo con todo el proceso según auditorías levantadas por la Organización de Estados Americanos (OEA); partido que, en todo caso podría ser observado por el Tribunal Supremo Electoral por contribuir a tergiversar los resultados electorales en favor de su candidato-presidente que, luego de renunciar, buscó asilo en México.

El Legislativo, conjuntamente el Ejecutivo, ha decidido investigar e instaurar procesos contra quienes gobernaron el país durante casi 14 años cometiendo todo tipo de faltas y delitos en contra de los intereses nacionales; atentados contra los derechos humanos; haber manejado discrecionalmente la economía nacional; dilapidando dineros y, prácticamente, haber destruido a la nación con conductas totalmente arbitrarias han violado y violentado la Constitución y las leyes. Lo que queda del MAS es pedir que "no se juzgue a los culpables y, como siempre, se apliquen las políticas del dejar hacer y dejar pasar". La Presidente de la Nación expresó claramente que vetará cualquier medida que se dicte en favor de quienes, con sus actos delincuenciales, han demostrado haber cometido todo tipo de delitos y faltas y merecen condena conforme a las leyes del país. Ella, la Presidente, con su veto trataría de anular la resolución legislativa; pero, la presidenta del Senado, militante del MAS, anunció que el Senado aprobaría la disposición. Esto podría implicar que cualquier delito "político" que se cometa en el país, a partir del 21 de octubre del presente año, gozaría de impunidad porque sus autores actuarían con inmunidad; en otras palabras, no tendrían razón de ser las leyes ni la Constitución, hecho que no puede ser porque sentaría las bases para, quien sabe en un futuro, cometer crímenes de toda clase, sobre todo considerando que, la misma llamada "Ley de Garantías" no incluye en ninguno de sus artículos un periodo especifico, más al contrario, hace pensar que toda persona que actúe, contrario a lo que nuestras leyes demandan, a partir del 21 de octubre de 2019 en adelante, todo por una causa "política", disfrutaría de libertad irrestricta.