Para atraer inversiones mineras al paÃs hay que garantizar la seguridad jurÃdica
13 dic 2019
*Son varios años que no se han producido inversiones en la minerÃa nacional
*La Ley de MinerÃa garantiza la seguridad jurÃdica para el aporte de capitales
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Destacados profesionales y analistas de la actividad minera en el paÃs coinciden en señalar que la falta de "polÃticas de reactivación" han impedido que la minerÃa pueda recuperarse por una parte y estabilizarse por otra, si se hubieran adoptado medidas oportunas para generar un "fondo de inversión" que abra las condiciones apropiadas para nuevos emprendimientos mineros.
Lamentablemente nuestro paÃs ha confrontado una serie de "trastornos polÃticos" que han influido poderosamente en su principal rubro de generación económica, como ha sido la gran minerÃa, desde tiempos anteriores a la República, cuando se produjo la invasión de españoles que trasladaron nuestras riquezas mineras al viejo continente. Más adelante, la minerÃa tuvo sus mejores opciones, sin embargo su explotación enriqueció a los "barones del estaño" y dejó muy poco en las cuentas de la República.
Con el paso de los años, de una explotación irracional de nuestros minerales se pasó a otra no menos repudiable, cuando la minerÃa sirvió para sostener a varios gobiernos golpistas con pocas utilidades para el Estado. Una revolución nacional y un gobierno civil asumieron el rescate de la minerÃa, nacionalizando el sector y en tiempo próximo dando paso a la instalación de la primera empresa nacional de fundiciones, significativo paso en el uso del estaño boliviano, único metal que exportamos con valor agregado, porque de ese jalón en la metalurgia boliviana no se ha producido otro que favorezca a la exportación de otros metálicos. La fundición de Karachipampa, pese a muchos intentos, sigue siendo el "elefante blanco" del sector, mientras que ya transcurrieron muchos años, desde que el último presidente renunciante, anunció la instalación de dos fundiciones de zinc, una en Oruro y otra en PotosÃ, ninguna tiene ni siquiera su piedra fundamental.
Con el paso de los años, de una explotación irracional de nuestros minerales se pasó a otra no menos repudiable, cuando la minerÃa sirvió para sostener a varios gobiernos golpistas con pocas utilidades para el Estado. Una revolución nacional y un gobierno civil asumieron el rescate de la minerÃa, nacionalizando el sector y en tiempo próximo dando paso a la instalación de la primera empresa nacional de fundiciones, significativo paso en el uso del estaño boliviano, único metal que exportamos con valor agregado, porque de ese jalón en la metalurgia boliviana no se ha producido otro que favorezca a la exportación de otros metálicos. La fundición de Karachipampa, pese a muchos intentos, sigue siendo el "elefante blanco" del sector, mientras que ya transcurrieron muchos años, desde que el último presidente renunciante, anunció la instalación de dos fundiciones de zinc, una en Oruro y otra en PotosÃ, ninguna tiene ni siquiera su piedra fundamental.
De aquellos años a otros de reciente data se han registrado algunos cambios sustanciales en la gran minerÃa nacional, como la caÃda vertiginosa del precio del estaño en 1985 que obligó al cierre de las minas y al despido de miles de trabajadores mineros con una alternativa de la "relocalización" que nunca se cumplió, pero que generó el cambio social de un enorme contingente de trabajadores que utilizando sus indemnizaciones, abrieron un cauce en el distrito de Oruro, hacia la economÃa informal, que crease o no, persiste hasta el presente como herencia de la minerÃa en bajada.
Debido a la aplicación de esas regulaciones que NO están reglamentadas en la Ley Minera, se observa que ninguna empresa de inversión minera ha solicitado un contrato minero y tampoco existe ni un solo proyecto en ciernes para activar nuevos emprendimientos de prospección y exploración minera, lo que nos muestra un panorama desolador en la perspectiva del importante sector, considerado como el de mayor trascendencia para la economÃa nacional, en un próximo futuro.
Finalmente la principal solicitud, tiene que ver con medidas que demuestren la existencia de "seguridad jurÃdica" partiendo de la Ley Minera en su Art.- 99, al indicar que el Estado garantiza la seguridad jurÃdica de las inversiones mineras. Un planteamiento muy concreto y que puede activarse a simple aplicación de las normas vigentes.
Los empresarios mineros, esperan ciertos cambios que generen las nuevas autoridades del rubro, para poner en marcha un proyecto viable de reactivación minera.
Agencia Uru, Medios, P.M.
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