De lo que se trata, es de otorgar a cada institución la responsabilidad que le corresponde en función del interés nacional, de modo que ya no se produzcan atentados contra la propiedad privada y pública o que se pretenda causar daños de magnitud en sitios estratégicos del país, menos que existan disturbios en los que se pone en peligro la humanidad de los bolivianos
Frente a una serie de hechos que se han registrado en el país y que son parte de algunas acciones promovidas por corrientes externas terroristas y que lamentablemente son también alentadas por grupos sediciosos en el país, es que se hace necesaria una acción conjunta y combinada entre las fuerzas militares y policiales en una lucha abierta antiterrorista.
En los últimos días de noviembre se presentó en Santa Cruz el Centro Especial Antiterrorista (CEAT), que tendrá la tarea de evitar actos de terrorismo o sedición en el país, concentrando inicialmente su atención en la zona oriental donde se han detectado algunos movimientos irregulares de gente armada y peligrosamente "ofensiva" a los intereses nacionales.
La decisión policial de disponer de 80 efectivos preparados especialmente para combatir el terrorismo ha sido ponderada en diversos círculos de opinión, aunque en todos los casos coinciden en señalar que "la intención es buena pero es muy reducido el número de agentes antiterroristas", por lo que desde una célula de militares en servicio pasivo, se ha sugerido que se concrete la conformación de un equipo con fuerzas militares para encarar de manera combinada todas las operaciones contra el terrorismo, que sean detectadas dentro las ciudades del país o fuera de ellas en sectores fronterizos. Se recuerda que las FF.AA. de la Nación tienen también un equipo especializado para la lucha antiterrorista.
La decisión policial de disponer de 80 efectivos preparados especialmente para combatir el terrorismo ha sido ponderada en diversos círculos de opinión, aunque en todos los casos coinciden en señalar que "la intención es buena pero es muy reducido el número de agentes antiterroristas", por lo que desde una célula de militares en servicio pasivo, se ha sugerido que se concrete la conformación de un equipo con fuerzas militares para encarar de manera combinada todas las operaciones contra el terrorismo, que sean detectadas dentro las ciudades del país o fuera de ellas en sectores fronterizos. Se recuerda que las FF.AA. de la Nación tienen también un equipo especializado para la lucha antiterrorista.
Los especialistas en la materia, señalan que por mandato constitucional la Policía Boliviana debe controlar el orden interno de seguridad en el país, pero frente a la amenaza terrorista que ha rebasado algunos controles y se ha convertido en una amenaza contra la seguridad ciudadana, se ha conformado el Centro Especial Antiterrorista, que para tener mayor efectividad, debería asociar su tarea íntimamente con las FF.AA. porque esta es la institución encargada de controlar la seguridad y el orden externo del territorio.
Por una serie de investigaciones realizadas recientemente, a propósito de una escalada subversiva en el país, se establece que varios grupos sediciosos han sido financiados desde fuera del país, pero también se ha establecido que ciertas corrientes político partidistas han estado moviendo dineros, que por lo visto corresponden a presupuestos manejados por algunos dirigentes que quedaron en el país para promover una resistencia al régimen constituido.
La sugerencia de sectores de mando superior, tanto en la Policía como en las FF.AA. coinciden en la necesidad de establecer un Centro Combinado de Lucha Antiterrorista, facilitando en cada caso el uso y movimiento de personal especializado y equipo logístico para encarar la acción contra el terrorismo, tanto el que se origina desde fuera, como el que se pretende imponer dentro el país a través de grupos subversivos.
Hay opiniones políticas favorables a la coyuntura expuesta, sugiriendo además que en cada caso, las instituciones del orden, dispongan de sus mejores efectivos para encaminar una tarea conjunta interna y externamente, que muestre claramente la decisión de combatir cualquier forma de terrorismo que pretenda alterar la paz ciudadana y el orden establecido.
De lo que se trata, es de otorgar a cada institución la responsabilidad que le corresponde en función del interés nacional, de modo que ya no se produzcan atentados contra la propiedad privada y pública o que se pretenda causar daños de magnitud en sitios estratégicos del país, menos que existan disturbios en los que se pone en peligro la humanidad de los bolivianos.
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