Denuncian a exfuncionarios ediles por varios delitos

Dos exfuncionarios del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO) fueron denunciados ante el Ministerio Público por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes, debido a la aprobación de planos sobrepuestos en la zona de Cala Caja.

En horas recientes se conoció que el memorial de la denuncia fue entregado el 26 de noviembre de 2019, y que el 3 de diciembre después del análisis fiscal, fue formalizada en contra de los exfuncionarios ediles J.U.B. y C.D.M., además del ciudadano R.C.M.

DENUNCIA

De acuerdo a la denuncia presentada por dos afectados, los mencionados exfuncionarios ediles estarían generando una serie de conflictos sociales en la zona Norte de la ciudad de Oruro por su presunto mal accionar de la función pública.

Se presume que recibieron dádivas haciendo uso de influencias e incumpliendo deberes, lograron aprobar planos, generando sobreposiciones que en la actualidad derivaron en avasallamientos, enfrentamientos entre adjudicatarios y procesos civiles y penales entre los propietarios de las urbanizaciones de esa zona de la ciudad.

Todos esos hechos ilegales, según la denuncia, favorecieron al ciudadano R.C.M.

ANTECEDENTES

En el documento se puso como ejemplo, a la Fundación Bolivia Maharishi que adquirió terrenos en Cala Caja de los propietarios anteriores, como fueron los esposos Walter Agudo Fernández y Máxima Guzmán Zambrana de Agudo, quienes tenían su derecho propietario 1201/90 registrado en Derechos Reales y cuyo plano georeferenciado data del 2005.

Sin embargo, los mencionados exfuncionarios ediles aprobaron en su momento en sobreposición un plano georeferenciado favoreciendo a R.C.M., quien sería dueño de la urbanización San Agustín III y ésta a su vez se encuentra sobrepuesta a otras urbanizaciones como Las Praderas, que estaba aprobada con antelación a San Agustín III, Arco Iris, Bolivia Maharishi, San Pablo, Villa Esperanza y San Pedro de Totora, que se encontraban en trámite de aprobación con anterioridad a la de San Agustín III.

Otra de las irregularidades detectadas es que C.D.M., aprobó el plano georeferenciado de la Cooperativa El Carmen el 2010, sobreponiendo al de la urbanización San Agustín.

Para los denunciantes, esos indicios muestran un notorio hecho de corrupción, de los exfuncionarios ediles y que ahora serían los asesores de R.C.M.

Una vez que se lograron los planos de San Agustín III, presuntamente de manera ilegal, se hizo uso de ese documento para generar nuevos propietarios y presentar en distintas instituciones públicas, ocasionando procesos civiles y penales en desmedro de personas inocentes.

PROCESOS

Posteriormente, se iniciaron procesos administrativos en contra de los funcionarios públicos que participaron en la aprobación de planos ilegales siendo sancionados para luego ser ejecutoriadas las resoluciones administrativas para proceder con el proceso de nulidad de planos ilegales, sometiéndolos a un proceso administrativo que en su resolución jerárquica determina la nulidad del plano georeferenciado, uso de suelo y plano de la urbanización San Agustín III.

A eso, Callejas interpuso una acción de amparo constitucional y en la revisión ante la instancia superior, se estableció anular los planos georeferenciados, uso de suelo y plano de la urbanización San Agustín III, demostrando que los exfuncionarios ediles aprobaron los planos de esa urbanización de manera ilegal.

El caso ahora está en el despacho de la Fiscalía Anticorrupción para su tratamiento, análisis, investigación e inicio del proceso según las leyes vigentes en el país.

Fuente: LA PATRIA