¿Se justifica la pena de muerte?

En los últimos días se han escuchado clamores populares que piden la reintroducción de la pena capital en la legislación boliviana, incluso se ha pedido un referéndum vinculante para aplicar o no la pena de muerte en contra de los delincuentes. ¿Razones? El aumento trágico de los crímenes, de los atropellos de derechos humanos, de robos y de violaciones, que traen la inseguridad, el terror, la desconfianza a los ciudadanos.

La Iglesia Católica se ha declarado contra la pena de muerte aplicada por ley sin que por ello afirme que sea ilegal. Santo Tomás de Aquino argumentaba que: “cada persona singular se compara toda la comunidad como la parte al todo; y, por lo tanto, si un hombre es peligroso a la sociedad y la corrompe por algún delito, laudable y saludablemente se le quita la vida para la conservación del bien común.”

El Catecismo de la Iglesia Católica resume su posición actual: “Si los medios incruentos bastan para defender las vidas humanas contra el agresor y para proteger de él el orden público y la seguridad de las personas, en tal caso la autoridad se limitará a emplear sólo esos medios, porque ellos corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común y son más conformes con la dignidad de la persona humana”. (CIC, nº 2267)

Expone su punto de vista inspirado en el Evangelio. Cree que hay otras formas de castigar la maldad y de ayudar al criminal a una posible regeneración.

En su encíclica “Evangelium vitae” Juan Pablo Magno denunció como formas de homicidio el aborto, la pena capital y la eutanasia y, por tanto, inaceptables en la práctica católica.

Hace ya varios años la Conferencia Episcopal de Filipinas ha estudiado seriamente el asunto, publicó una Declaración, un peculiar documento, que puede iluminar para entender cuál es la postura de la Iglesia ante la pena de muerte, como las poderosas razones que esgrime. Es un documento interesante, por su profundidad y su calidad.

Expone los motivos de los partidarios de la pena de muerte: 1) para evitar más crímenes; 2) el justo castigo de los delitos; 3) el bien de la sociedad.

Señala los argumentos en contra: 1) la posibilidad de que se aplique dicha pena a personas inocentes; 2) porque solamente se aplicaría a los pobres. Afirman: “Los que tienen que sufrir la pena de muerte raramente son los ricos que han cometido crímenes, sino los pobres que no tienen ninguna defensa eficaz”; 3) la defensa de la vida humana, de toda vida humana.

No se contentan con manifestarse contra la pena de muerte, sino que señalan rutas para el futuro: 1) la prosecución implacable de la lucha contra la pobreza, que es un terreno abonado para la criminalidad; 2) la reforma de los sistemas relativos a la aplicación de la ley; 3) la reforma del sistema penal, de “forma que los criminales puedan verdaderamente enmendarse en lugar de hacerse más peligrosos al cumplir sus penas”; 4) un “esfuerzo inflexible y bien coordenado para combatir las causas de los crímenes atroces”; 5) la eliminación de grupos poderosos en los niveles destinados a combatir la criminalidad, “muchos de los cuales han cometido crímenes o han sido cómplices de los criminales”; 6) “la supresión de la atenuación de la violenta propaganda por los medios de comunicación. El mal hecho por las películas, que no cesan de presentar la violencia en forma viva y hacen de ella una solución atractiva, es incalculable”; 7) la puesta en vigor de la prohibición de las armas.

Amnistía Internacional, en su último informe sobre la pena de muerte, señala que para finales de 2010, habían abolido la pena de muerte 139 países en sus legislaciones o en la práctica, mientras que 58 países y territorios la mantienen y aplican. “En 2010 se aplicaron numerosas penas de muerte por delitos que no cumplían las condiciones jurídicas mínimas para ser considerados “los más graves” de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos. Entre dichos delitos figuraban los relacionados con drogas, los económicos, el mantenimiento de relaciones sexuales con consentimiento mutuo y la blasfemia”.

Quizás la mayor parte de los expertos y especialistas defienden que la pena capital no sirve ni para regenerar al criminal ni para restablecer la justicia ya que no se puede reparar el daño ocasionado. Ciertamente el problema es muy complejo, y de muy difícil solución la expansión de la violencia, pero ésta no puede ser vencida ni aplastada por otra violencia, aunque sea de las leyes.

De lo que se trata es de romper el círculo de la violencia.

(*) Director Nacional Pioneros de Abstinencia Total