Vásquez: Ley de Garantías es una amnistía encubierta a los 14 años de gobierno de Evo

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El abogado constitucionalista Luis Vásquez Villamor advirtió que el proyecto de Ley de Garantías en trámite legislativo, es "una amnistía encubierta" porque elimina la detención preventiva para los exmandatarios Evo Morales, Álvaro García Linera, asambleístas y cualquier otro funcionario designado, en caso de que éstos fueran sometidos a procesos penales por el ejercicio de sus funciones.

"Esta es una ley que busca una amnistía para los expresidentes, busca transferir las funciones de inviolabilidad para todos los funcionarios del gobierno y, finalmente, pretende eliminar la detención preventiva", declaró el exparlamentario y exministro de Justicia.

Dijo que no es evidente que sea una ley genérica sino se trata de un instrumento que tiene objetivos muy precisos, particularmente en el artículo 7 que tiene varias observaciones. ¿Puede una ley ratificar las garantías y la vigencia de los derechos constitucionales? La respuesta es no; porque hay un tema de supra normatividad. La Constitución está por encima de cualquier ley y no puede una ley ratificar la vigencia de la Constitución, eso al menos es un absurdo, comentó.

Sostuvo que el texto del mismo artículo es inentendible, porque ratifica la vigencia del artículo 161 de la CPE en relación a la Ley 044 de juzgamiento de altas autoridades de Estado, donde transforma el carácter penal del juicio de privilegio a un proceso disciplinario como hicieron con el exmagistrado Gualberto Cusi.

A Cusi no lo llevaron a la cárcel pero lo sacaron del cargo. Esta modificación - precisó Vásquez - quieren extender en favor de Evo Morales y Álvaro García Linera para que ante cualquier proceso penal, por los 14 años de gobierno, ya no se les aplique una sanción penal sino sean sometidos a juicios disciplinarios.

Y volvió a preguntarse ¿Es eso constitucional? Y la respuesta es no, porque está pretendiendo modificar la facultad constitucional que tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional de autorizar juicios de orden penal contra altas autoridades de Estado. Aseguró que el objetivo práctico es que los exmandatarios no sean juzgados penalmente, lo cual constituye una lesión objetiva a la Constitución.

Un tercer elemento es que la inviolabilidad reservada para los asambleístas en el artículo 151 y 152 de la Constitución, pretende ser extendida también en favor de los funcionarios electos y designados de Evo Morales.

De manera que si son llevados a juicio, tampoco serán sancionados penalmente. La pregunta es ¿Pueden hacerlo por una ley? y la respuesta es no, porque las prerrogativas que da la Constitución son exclusivas para los parlamentarios y no para todos los funcionarios.

Fuente: La Paz, 08 (Erbol-Digital)