Domingo 08 de diciembre de 2019
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Gota a gota, con demasiada lentitud frente a la ansiedad de los bolivianos, el gobierno de Jeanine Áñez va mostrando las barbaridades que encontró en la administración pública, conforme se descubren los delitos del anterior gobierno.
Se sabe que el déficit fiscal dejado por el cocalero ahora prófugo es el más alto de América Latina y que la pobreza extrema tuvo en Bolivia, entre 2014 y 2018, el más alto crecimiento de la región, según lo certificó Cepal. Todo lo que se había ganado gracias al boom de las materias primas frente a la pobreza, se perdió luego como efecto de la corrupción masista.
También se sabe que el presupuesto de propaganda que manejó el gobierno entre 2006 y 2018 llegó a la suma de US$ 3.948 millones de dólares, que es el doble de lo que destinó en ese mismo lapso a Educación o a Salud. Sólo por eso, el prófugo tendría que ser sometido a juicio de responsabilidades.
Y los que se beneficiaron de ese dinero, tanto funcionarios como empresas periodísticas y los propios periodistas, deberían ser sometidos a juicios y a una investigación de enriquecimiento ilícito. Periódicos, canales de Tv, espacios pagados directamente o por debajo de la mesa. Un festín de la corrupción mediática que debe ser desvelado. ¡Cerca de 4.000 millones de dólares!
