Meritocracia sinónimo de eficiencia

De acuerdo a los últimos acontecimientos que son de dominio público, se hace indispensable reconstruir un Estado democrático que en otrora fue uno de los procesos históricos más importantes en nuestra sociedad civil.

Estructurar un Estado con división de poderes y participación ciudadana es sustancial, en la que se debe tener como tarea primordial desechar los diversos autoritarismos. Sin embargo, ese proceso sería incompleto si es que no va acompañado de la meritocracia en el aparato del Estado con la edificación de mecanismos transparentes y consensuados que permitan la selección, distribución de incentivos y movilidad laboral del personal público en base a la evaluación del conocimiento, experiencia, esfuerzo y desempeño personal.

Al analizar la meritocracia en el contexto sociopolítico se puede establecer que ésta se proyecta en dos dimensiones: una excluyente y otra afirmativa, las mismas se sitúan en el ámbito de selección de personal profesional óptimo y eficiente en las instituciones públicas, donde se da una actitud excluyente por la injerencia inadecuada de la política; en el intento justo y correcto de contar con personal preparado, óptimo y eficaz, que es desmerecido porque para estos es esencial la afiliación a una determinada agrupación política, contar con un parentesco cercano con autoridades políticas, dirigenciales, estrechos lazos de amistad personal, intercambio de favores o negociados económicos.

Por otra parte, existe otra actitud que es la afirmativa donde una convocatoria pública, calificación correcta de los antecedentes personales, académicos y experiencia profesional o laboral es esencial y la calificación de méritos realizada por una comisión especial considera estas cualidades como fundamentales para seleccionar a la persona que alcanza el mayor puntaje de récord profesional y laboral. En este último los beneficios serán en doble sentido, por una parte se habrá seleccionado al mejor personal y por otra la institución pública obtendrá mejores rendimientos y los objetivos planificados se cumplirán a cabalidad.

Cuando existen estos procedimientos o sistemas de selección, los ciudadanos se benefician al confiar en un sistema que funciona con criterios transparentes y que se revertirá en las prácticas públicas. El Estado debería ser una institución cuya calidad de servicios impacte el conjunto de la sociedad, donde no exista institución que se le equipare, tanto por lo que le correspondería hacer o por lo que dejaría de hacer.

Si efectuamos un breve ensayo y consideramos que la salud y la educación pública son de baja calidad, entenderíamos que los impactos no sólo serían negativos en el corto plazo también se darían a largo plazo, afectando a diversos sectores. La calidad de dichos servicios está condicionada a las competencias de los trabajadores y profesionales del propio Estado. Desde esa perspectiva, reformar el Estado significa: cómo mejorar estos aspectos para garantizar a la sociedad servicios públicos de calidad para todos. De allí, la necesidad de considerar la meritocracia en el rol del personal público y el desarrollo institucional.

La meritocracia en el sector público es una exigencia sustancial para, -por ejemplo-, no quedarse solo en la modernización a través del uso de las tecnologías informáticas evitando una racionalidad que ponga en juego las capacidades de toda persona que está sirviendo a la sociedad.

La modernidad y el progreso tecnológico deberían fomentar la institucionalidad de los cargos públicos en base a la formación académica experiencia e idoneidad para incentivar el reconocimiento de la persona como sujeto de derechos y responsabilidades e igualmente como sujeto de capacidades, las cuales se desarrollan y aprenden gracias al esfuerzo personal y las condiciones institucionales. Como sociedad, preocupa que los cargos públicos sean llenados por parientes amigos y allegados a políticos en función de gobierno, dejando de lado la meritocracia.

La meritocracia es importante para asignación de fuentes de trabajo en la administración pública y el sector privado donde los servidores adquieren una valoración a sus esfuerzos, capacidades y talentos con las que se obtienen connotaciones diferentes según los contextos en los cuales se incluyen la apreciación de las personas por sus experiencias y aportes al desarrollo institucional, razón por la cual se debe analizar esta valoración desde tres factores contextuales que son niveles que inciden en los alcances y limitaciones de la meritocracia en el ámbito público:

a) Anormalidad y corrupción.- es un factor relevante para comprender cómo determinadas prácticas sociales erosionan normas de convivencia y construyen códigos de complicidad para evadirlas. Mientras más anómala sea una sociedad, más vulnerables serán sus normas y menor será la confianza del Estado como garante de ellas. Esta falta de vigencia de las normas y reglas en la vida cotidiana debilita la cohesión social, haciendo más impredecible la conducta del otro, construyéndose una moral "asocial" sin obligaciones, culpas, ni sanciones En este tipo de sociedad donde la anomia social y la corrupción pública son graves, las propias normas que el Estado proclama para sus licitaciones públicas o para contratar personal pierden credibilidad.

b) Desigualdad y discriminación.- Es otro factor que en las argumentaciones contra la meritocracia tiene un peso importante, en la medida en que las personas compiten en condiciones desiguales. Los sectores excluidos de la sociedad tienen que hacer mayores esfuerzos respecto a otros para postular a un empleo público, por lo que la selección de los mejores puede terminar reproduciendo las desigualdades sociales. En ese sentido, si el criterio meritocrático no viene complementado con políticas de igualación de oportunidades y de discriminación positiva será necesario un criterio amplio y aplicación de la normativa legal y reglamentaria que aportará para legitimar al Estado como la expresión de las diversidades de un país.

c) Ineficiencia de la gestión pública.- En muchos sectores del sector público la ineficiencia, negligencia e inexperiencia profesional por la intromisión política, parentesco y amistades cercanas hace al aparato del Estado ineficiente e ineficaz, produciéndose un declive en el desarrollo normal y el cumplimiento de objetivos institucionales que ocasiona un gasto desmedido por una parte porque se cancela sueldos voluminosos a personal que no aportan al desarrollo, progreso y desenvolvimiento normal del Estado, y por otra la falta de experiencia conocimientos y competitividad hace que se contraten costosas consultorías de personal externo para efectuar tareas y labores necesarias para cumplir el Programa Operativo Anual (POA) y con ello alcanzar las metas y objetivos de gestión trazadas para cada año. Sensiblemente esta inoperatividad funcionaria se ha convertido una práctica habitual promovida por mandos superiores.

(*) Es ingeniero

Fuente: Ramiro Siles Velasco (*)