El mundo invertido en Bolivia

En los Andes, los hablantes de quechua y aymara usan la palabra pachakuti para referirse a una revuelta o una inversión en el espacio y el tiempo. Es un concepto que implica deshacer el daño del colonialismo y poner el mundo al revés. El ascenso de Evo Morales como el primer presidente indígena de Bolivia coincidió con una instancia de pachakuti. En este mismo momento, fuerzas reaccionarias están tratando de invertir el mundo una vez más y quitarles el poder a los indígenas bolivianos, pero la fuerza de los movimientos sociales en Bolivia es tanta que dificultará esta campaña reaccionaria.

Evo Morales era un líder cocalero cuando fundó en 1998 su partido indigenista de la izquierda, el Movimiento al Socialismo (MAS). En 2005 ganó la presidencia de su nación -donde la mayoría de la población es indígena- por un margen de 25 puntos. Junto con Hugo Chávez de Venezuela y Lula da Silva de Brasil, Morales se convirtió en uno de los líderes más reconocidos de un giro político hacia la izquierda en gran parte de Latinoamérica, conocido como la "marea rosa". Durante más de una década, Morales presidió una sorprendente transformación de la economía, el Estado y la sociedad boliviana. La renacionalización de los hidrocarburos coincidió con el auge de los precios de las commodities, y permitió un aumento importante en los gastos sociales del Estado. Tanto la pobreza como la pobreza extrema disminuyeron dramáticamente. Los indígenas bolivianos habían desempeñado papeles importantes a lo largo de la historia de su nación, pero solían ser tratados como ciudadanos de segunda clase. Durante la presidencia de Morales, los líderes indígenas, sus organizaciones y sus sistemas de creencias experimentaron un aumento significativo de su influencia política y de su capital cultural, culminando en el proceso de reforma constitucional que convirtió a Bolivia en un Estado Plurinacional.

Los mismos procesos de movilización de base que habían empoderado a Morales finalmente contribuirían a su caída, a medida que su liderazgo empezaba a ser cuestionado por comunidades indígenas, sindicatos, organizaciones feministas e intelectuales. Como el Estado boliviano se había vuelto más democrático y más indígena, estas voces críticas tuvieron más resonancia. Ellos expresaron su preocupación por el deseo de Morales de permanecer en su cargo indefinidamente, por los presuntos casos de corrupción en su círculo íntimo, por la respuesta de su administración a los incendios recientes en el Amazonas, y sobre todo por su modelo de desarrollo extractivista. El dirigente aymara Felipe Quispe presentó una de las críticas más condenatorias al caracterizar a Morales como "neoliberal con rostro de indio".

Cuando las controvertidas elecciones del mes pasado desataron una tormenta política en Bolivia, algunos de estos críticos izquierdistas se unieron a un movimiento de protesta ideológicamente ecléctico contra Morales y contra el MAS. Estas protestas populares proporcionaron una oportunidad para lo que parece ser un intento derechista de apropiarse del Estado boliviano y de desviar sus procedimientos democráticos. Morales renunció el 10 de noviembre y actualmente se encuentra exiliado en México. En Bolivia, algunos grupos de indígenas y campesinos siguen movilizándose a pesar de los alarmantes casos de violencia racista y de brutalidad militar y policial.

La crisis actual comenzó después de las elecciones generales del 20 de octubre, en las cuales Morales buscaba su cuarto mandato como presidente, una propuesta polémica. Previamente él había propuesto reformar la Constitución para eliminar los límites del mandato ejecutivo, pero esta idea fue derrotada por un referéndum en 2016. Sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia dictaminó en 2017 que Morales podría postularse nuevamente, argumentando que la Convención Americana sobre Derechos Humanos garantizaba su derecho de ser candidato.

Morales necesitaba al menos el 40% de los votos con un margen de 10 puntos para evitar una segunda vuelta. En la noche del 20 de octubre, el tribunal electoral de Bolivia dejó de actualizar públicamente su conteo rápido no oficial sin proporcionar una justificación clara. Esta situación ocurría en un momento en que Morales parecía aventajar a su principal rival, el candidato centrista y ex presidente Carlos Mesa, por menos del 10%, con casi el 84% de los votos escrutados. Un día después, las autoridades informaron que el conteo rápido final (aunque todavía no oficial) había indicado un margen del 10% a favor de Morales. Como argumentó el centro de investigación estadounidense CEPR, esta discrepancia potencialmente podría explicarse por patrones geográficos: las regiones rurales han sido más propensas a favorecer a Morales, pero también tienden a tardar más en informar sus resultados.

Ese tipo de razonamiento sutil no tuvo mucha repercusión en una atmósfera de creciente tensión nacional e internacional. Mesa alegó que había sido víctima de fraude electoral y la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó su "profunda preocupación", mientras que Morales argumentó que sus oponentes estaban intentando llevar a cabo un golpe de Estado. Varias organizaciones anti-MAS lanzaron una huelga general y los manifestantes de ambos lados salieron a las calles, algunos recurriendo a la violencia. Las protestas contra el MAS atrajeron a un gran número de votantes urbanos y de clase media, quienes estaban cansados de Morales, frustrados por su decisión de buscar la reelección y predispuestos a creer en la posibilidad de fraude electoral. Durante estos días de manifestaciones, finalmente aparecieron los resultados oficiales, los cuales reforzaron el resultado del conteo rápido: Morales habría ganado en primera ronda. Posteriormente la OEA aceptó una invitación de Morales para auditar los resultados en disputa.

Las protestas continuaron durante casi tres semanas con episodios de violencia esporádica, hasta que una secuencia rápida de eventos forzó la mano de Morales. El 8 de noviembre, las fuerzas policiales de Cochabamba, Sucre y Santa Cruz se amotinaron. Al día siguiente, el jefe de las Fuerzas Armadas, el General Williams Kaliman, anunció que los militares "no se enfrentarían con el pueblo" y no intervendrían para sofocar la violencia. Luego, en la mañana del 10 de noviembre, la OEA emitió un informe escrito a las apuradas, identificando "vulnerabilidades e irregularidades" en los procedimientos electorales y alegando que hubo "manipulación", aunque sin proporcionar pruebas claras de fraude. Siguiendo la recomendación de la OEA, Morales anunció nuevas elecciones con nuevas autoridades electorales. No obstante, unas horas después, el General Kaliman emitió una amenaza codificada, "sugiriendo" públicamente que el presidente debería renunciar. Los líderes de la federación sindical más grande de Bolivia llamaron a Morales "a la reflexión", cuestionando si su renuncia promovería la paz.

Morales renunció ese mismo día y pasó a la clandestinidad hasta que finalmente obtuvo asilo en México. Otros líderes del MAS también renunciaron, buscaron asilo o se negaron a participar en la política formal. Durante dos días, Bolivia no tuvo presidente, ni vicepresidente, ni líder de ninguna de las dos cámaras en su asamblea legislativa, ni quórum legislativo. El 12 de noviembre, Jeanine Áñez, segunda vicepresidente del Senado y ex empresaria de medios de comunicación de las tierras bajas bolivianas, se autoproclamó presidente interina. Si bien ella no logró reunir el quórum legislativo requerido para resolver la cuestión de la sucesión presidencial, el mismo tribunal constitucional que antes había allanado el camino a Morales terminó aprobando la ascensión de Áñez a la presidencia. Actualmente, la senadora Mónica Eva Copa y el diputado Sergio Choque, ambos representantes del MAS elegidos como presidentes de sus respectivas cámaras durante la semana pasada, están intentando convocar a nuevas elecciones presidenciales y legislativas. Aún no está claro si los políticos bolivianos podrán encontrar una resolución a este impasse institucional.