Bolivia: "Backsliding" democrático, excepcionalidad y necropolítica

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Por: Erick Fajardo Pozo

M.A. in Political Communication and Governance by GWU, T.A. of Anthropology of Latin America at the Columbian College of Arts and Sciences

Tras el fin forzado de catorce años de régimen hiperpresidencialista del cocalero Evo Morales Ayma, la transición política en Bolivia se encuentra a la deriva en una discontinuidad de tiempo y espacio, una brecha constitucional, una espiral política, que no se puede inteligir desde la doctrina jurídica lata.

La renuncia de Evo Morales y el interinato de Jeanine Áñez, los dos únicos datos absolutos de la crisis, son sin embargo también los dos extremos de un agujero negro que arrastró al país a una incertidumbre sin precedentes, luego de una impecable y pacífica resistencia ciudadana de 22 días, una "Primavera Millennial", que sería la razón de fondo de la dimisión de Morales y su apresurado abandono del país.

El detonador de cuatro semanas de multitudinarias protestas fue ciertamente un fraude electoral masivo en los comicios de octubre pasado, en una elección a la que Bolivia asistió ya escéptica por la habilitación ilegal de Morales como candidato.

No obstante, el hartazgo social venía de muy atrás, efecto de una acumulación de objeciones a la manera como el cocalero - que se había reeditado en el poder por más de década y media, buscaba con ese resultado fraudulento cumplir 20 años en el poder. Poco efecto disuasivo tuvieron las cifras de la macroeconomía sobre esta "poblada generacional" desde la arquitectura superestructural de la bolivianidad; desde sus imaginarios violentados de democracia y religiosidad; desde el malestar en la cultura, diría algún psicoanalista.

Hay una polémica internacional inagotable acerca de si la resistencia civil pacífica de las semanas posteriores al fraude, el acuartelamiento de la Policía Boliviana y la subsecuente negativa de las Fuerzas Armadas a militarizar el país entrañan la posibilidad de un golpe de estado.

Tampoco hay consensos sobre la responsabilidad del gobierno en las muertes de tres activistas en Montero y Cochabamba y el vejamen a estudiantes potosinas, todos de oposición, en enfrentamientos con grupos irregulares afines a Morales en días previos a su caída; o sobre las circunstancias en que nueve cocaleros e igual número de alteños perdieron la vida durante choques con el ejército en los días posteriores a la dimisión.

En lo único que parecemos concordar todos, es en que la verdadera violencia, este in crescendo de "necropolítica" en términos de Achile Mbembe, no se desató sino hasta la apertura de ese perverso "glitch" entre la salida del incumbente y la asunción de la provisional, que volcó a la militancia de Morales a un brutal asedio desde sus bastiones en El Alto, Chapare y Yapacaní y que el gobierno transitorio replicó con una militarización, hasta entonces ausente del horizonte de la crisis.

Hoy, con más de 30 víctimas fatales en el lapso de escasas semanas, Bolivia navega en un entuerto de decisiones políticas nebulosas, muertes por esclarecer y diálogos ininteligibles. Muy lejos de la claridad jurídica que el mundo demanda acerca de las causas de esta situación, lo único cierto es que el orden constitucional no se quebró ni con el fraude electoral ni con la forzada dimisión ni siquiera con la inédita sucesión presidencial.

Bolivia ya venía viviendo en un régimen de excepcionalidad y securitización estatal/paraestatal inaugurado mucho antes de las protestas post-electorales de octubre y noviembre de 2019. Morales condujo lo que las escuelas norteamericanas de gerencia política hoy denominan "regímenes de regresión democrática" (democratic backsliding rule), caracterizado por actores que emplean la democracia para formalizar un poder fáctico anterior y que una vez investidos, domestican la institucionalidad judicial y los instrumentos electorales para ejercer autoridad con discrecionalidad y reproducirse en el gobierno.

Para los más conservadores, la ruptura del orden constitucional puede rastrearse hasta el desacato del presidente Morales a los resultados del Referéndum Nacional de febrero de 2016 que le negó la posibilidad de repostularse para un cuarto periodo en la Primera Magistratura y contra el cual el cocalero interpuso un recurso, ante un sistema jurídico constitucional que él controlaba, para habilitarse de todas formas y en flagrante desconocimiento de la voluntad electoral.

Otros dirán que la ruptura en la lógica de la constitucionalidad puede rastrearse hasta la convocatoria a un Referéndum Revocatorio -un instituto jurídico entonces ausente de la Constitución, que Morales impuso a sus rivales en 2008, con el expreso propósito de quebrar el movimiento nacional en demanda de autonomía y revocar el mandato de dos gobernadores opositores - Reyes Villa en Cochabamba y Paredes en La Paz - que amenazaban el control territorial del cocalero en el occidente del país, comprometiendo la perspectiva de su primera reelección.

Habrá, como no, los que con razón dirán que el quiebre institucional fue un poco posterior, durante la ocupación militar de Pando, la deposición de facto y el confinamiento extrajudicial de su gobernador recién reelecto, seguida del ardid gubernamental del Hotel Las Américas y la declaración de un estado de excepción regional que desató la cacería de la oposición.

Y habrá incluso los que dirán que Morales quebró la institucionalidad todavía antes, en agosto de 2007 en Sucre, cuando después de un año de una entrampada Asamblea Constituyente, su militancia sesionó y aprobó una polémica reforma constitucional que daría a Morales el control de todos los poderes del estado, en medio de un baño de sangre, en ausencia de la oposición y en el cuartel de La Glorieta.

Cualquiera sea el punto de quiebre en la arquitectura de la racionalidad jurídica, Bolivia ha estado viviendo en un régimen de paulatina involución o "backsliding" democrático, excepcionalidad y necropoder conducidos por Morales, desde largo antes que esta subversión generacional inédita de una clase media que el marxismo ortodoxo boliviano subestimó siempre como "carente de conciencia histórica y vocación de poder".