La seguridad de una “nueva” doctrina de seguridad nacional
12 mar 2012
Por: Jorge Lazzo Valera
La ola de violencia con robos, asaltos, atracos y hasta asesinatos puso en alerta a la Administración del presidente Evo Morales quien propuso aplicar una nueva doctrina policial para mejorar los procedimientos y para que la seguridad ciudadana sea efectiva en el país. El asesinato de dos periodistas hermanos en la ciudad de El Alto, perpetrado por cogoteros puso la alerta nacional para combatir la creciente inseguridad.
Sin duda, el instrumento de aplicación será la nueva Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, proyecto que será presentado esta semana a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su consideración y aprobación, norma que debe ser promulgada “lo antes posible” por decisión del propio presidente Morales, quien reiteró la recomendación realizada en noviembre del 2009 que hasta la fecha no pudo aplicarse con una nueva doctrina en la Policía Nacional.
La lucha contra el crimen será participativa y como principal acción para “frenar la delincuencia” se conformará un Centro Interinstitucional de Inteligencia que tendrá la labor de vigilar y ejercer control en aeropuertos y fronteras; con directa participación de efectivos de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y de la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas, que involucra además a los gobiernos departamentales y municipales para la informatización y elaboración de una base de datos contra el crimen.
La idea resulta interesante, al menos rescata líneas de acción de las tareas que se cumplen en países sudamericanos como Colombia, Perú y Chile, donde se otorga seguridad y se protege a la ciudadanía, aplicando un control efectivo con patrullaje constante y servicios efectivos de ayuda y auxilio ciudadano, además de equipos y sistemas de control y seguimiento para combatir al crimen organizado.
Lo importante será aprobar la norma que fije la nueva doctrina de seguridad nacional, que lejos de ser un instrumento ideológico para persecución política, tiene que ser útil para combatir el crimen, lo que no permite confundir una política de Estado con la política que realizan los militantes del Movimiento Al Socialismo en su ejercicio como partido en función de gobierno.
La lucha contra el crimen no tiene ideología y debe ser efectiva para evitar la politización de las acciones y tareas que deben ejecutarse con el único propósito de brindar seguridad y protección a la población, dejando de lado la advertencia realizada en noviembre de 2011 por el entonces presidente de la Comisión de Fuerzas Armadas y Policía Nacional de la Cámara de Senadores, Adolfo Mendoza, que asegura que “la nueva doctrina de seguridad nacional debe ser antiimperialista”.
La lucha contra el crimen debe ser asumida en la alianza estratégica Estado-Policía-ciudadanía propuesta por el viceministro de Seguridad Ciudadana, Miguel Vásquez, quien con su experiencia como ex jefe policial, conoce las dificultades que tienen los uniformados del verde olivo, las limitaciones de transporte, los gastos insulsos en gasolina y hasta las movilizaciones y traslados de policías para brindar protección en sus viajes al Presidente del Estado, lejos de brindar seguridad a la ciudadanía.
Los errores del pasado no pueden continuar y se debe contar con sistemas, equipos de alta tecnología que garanticen una tarea efectiva contra el crimen y la delincuencia, lejos de buscar justificativos como que “no se tiene un dispositivo para grabar las imágenes que se obtienen” con cámaras “secretas” que los propios funcionarios policiales no saben donde fueron instaladas.
La dotación de vehículos policiales, sean motocicletas o automotores, deben servir para la lucha contra la delincuencia, no para paseos de los efectivos policiales ni para “pintear” en las plazas y principales avenidas, mientras hay cada día mayor número de víctimas en los barrios de la periferia de la ciudad.
El plan nacional de contingencia contra la delincuencia que elabore la Policía Boliviana debe ser efectivo y aplicarse a cabalidad para así garantizar la propia seguridad de los efectivos policiales, sin improvisación ni cambios de órdenes para atender los quehaceres domésticos de algunos jefes y oficiales.
En el nivel regional, el efectivo control de seguridad ciudadana pasa por tener designado en Oruro un jefe de rango superior y no subalternizar esa labor a través de autoridades que están condicionadas en su accionar y decisión por parte de la jerarquía policial. Ojalá se apliquen cambios efectivos en la lucha contra el crimen y la delincuencia para otorgar adecuada seguridad ciudadana a todos los bolivianos y los orureños en particular.
(*) Periodista.
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