El vandalismo tiene altísimo costo

El hecho es innegable y aunque a la fecha no hay una relación concreta de los daños causados por vándalos políticos en los días pasados y que todavía persisten en algunos sectores del país, el daño ocasionado a la economía del país es realmente elevado e irrecuperable, pero tiene a personas identificadas que han alterado la paz ciudadana y son responsables de los hechos que le costarán al Estado, por una parte, pero por otra lamentablemente dejará heridas profundas en ciudadanos que han perdido a seres queridos o que sus bienes han sido quemados, destrozados, como parte de una venganza política manejada por caudillos y dirigentes que practican el odio y la delincuencia.

No es posible aún establecer el altísimo costo de la depredación que afectó a la propiedad pública y privada en todo el país, tampoco valorar en toda su proporción el daño ocasionado a miles de transportistas varados en los caminos, pero con otra gravísima consecuencia como la pérdida de alimentos, que han tenido que arrojarse a los barrancos porque no pudieron llegar en tiempo oportuno a los mercados de consumo, los bloqueos no lo permitían.

Se han detectado planes "macabros" para causar daños irreparables en sectores estratégicos, como la planta de Senkata en El Alto, donde se almacenan carburantes para su distribución a la población y donde un atentado dinamitero ocasionaría una tragedia de inimaginables consecuencias. Los daños en caminos y calles, puentes, pasarelas, parques, plazas, domicilios particulares, edificios estatales e incluso en dependencias policiales, significan un daño de magnitud a la colectividad y un valor inestimable en su rehabilitación, que por supuesto deberá cubrir el presupuesto estatal, con dineros del pueblo, que pudieron tener otro destino de servicio y beneficio.

Sin desestimar los esfuerzos que realizan las autoridades del Gobierno de transición, es necesario cuantificar los daños, para que la población entienda la magnitud del daño causado por intolerancia de unos pocos y sus caprichosas actitudes, cuando en el país se necesita más recursos para encaminar planes de verdadero beneficio social, especialmente los de salud, los de servicios públicos, que pudieron ser cubiertos con recursos que ahora serán gastados para reponer los daños del vandalismo politiquero.

Ya es tiempo de regularizar la vida cotidiana de nuestra población en general, disponiendo los mecanismos necesarios para ejercer control, dotar de seguridad social a la comunidad, pero al mismo tiempo de poner en su lugar a quienes todavía causan problemas y aumenta el costo del vandalismo en perjuicio de las familias más sencillas del país, aquellas que sin culpa alguna sufren los efectos del desabastecimiento, de la reducción de sus ingresos y viven en constante zozobra por la amenaza de algunos sicarios.

La población en general está pendiente de la continuidad y vigencia de algunos bonos sociales, producto de utilidades por la comercialización de nuestras materias primas, así como del pago oportuno de salarios, aspectos que han sido garantizados por la actual administración de las finanzas nacionales, el país confía en la responsabilidad del Gobierno transitorio y aplaude las medidas dirigidas a defender la seguridad ciudadana.

Hay que alentar los procesos de diálogo para concretar acuerdos que sean producto de consenso, demostrando que en política pueden lograrse cambios si se piensa primero en el bienestar colectivo y se postergan las ambiciones partidistas. El vandalismo ocasiona un alto costo, que lo paga el pueblo, debemos evitarlo y fortalecer la unidad nacional.