No es admisible una ley de impunidad

En este reciente trajín de aprobar disposiciones "contra reloj", por el hecho de que el actual Gobierno se ha declarado de "transitoriedad", asumiendo la responsabilidad de convocar a elecciones en el tiempo más breve posible, es lógico que además se encargue de regularizar el funcionamiento administrativo del Estado nacional y para ese fin, necesariamente debe aplicar medidas que frenen la intolerancia, la violencia y el atentado a los derechos humanos, con acciones alentadas desde el exilio y cumplidas aquí por seguidores partidistas.

Es parte de la responsabilidad de los gobernantes "transitorios", devolver la paz y tranquilidad que necesita la Nación para seguir el curso de actividades regulares, que implican para millones de bolivianos, poder trabajar libremente, sin alteración del orden público, sin bloqueos, sin manifestaciones violentas y además poder aprovisionar la canasta familiar de manera regular, sin que falten productos alimenticios, por los bloqueos que protagonizan vándalos pagados por seguidores de un régimen que acabó el mes pasado.

El nuevo Gobierno extremó recursos y en fiel cumplimiento de sus propósitos democráticos, propuso y logró que la Asamblea Legislativa, con mayoría de parlamentarios "masistas" apruebe la Ley que da paso a la convocatoria a las nuevas Elecciones Generales, que deberán realizarse en el tiempo más breve posible, que permita su organización, elemento legal que comenzará con la elección de ciudadanos probos para conformar el nuevo Tribunal Supremo Electoral, que a su vez, será responsable de la convocatoria y realización de las nuevas elecciones.

Así planteada la situación en curso del proceso gubernamental en marcha, se está cumpliendo una obligada renovación de funcionarios en cargos de alta responsabilidad en los ministerios y en instituciones que tienen que ver con el proceso administrativo del Estado. En ese sentido han sido posesionados varios viceministros, además de asignar cargos a profesionales de ciertas instituciones relacionadas con sistemas de recaudación de impuestos y otros ingresos para el Estado.

Entre las normas que están siendo aplicadas, se cuida que al efectuarse ciertas designaciones las mismas sean cubiertas por elemento profesional, de modo que sus actividades en el breve tiempo de transición de gobierno, sean útiles a los fines de reencaminar y garantizar una eficiente actividad en el manejo de la "cosa pública", recuperando en muchos casos una imagen que fue alterada por hechos irregulares y actos de corrupción.

Hay, sin embargo, planteamientos que precisamente "tratan de salvar" las posibles sanciones que se apliquen a transgresores de las normas estatales y que en el reciente suspendido esquema oficialista del régimen del MAS se produjeron con desconocimiento de las leyes, quedando con marcas de manifiesta irresponsabilidad y que ahora no pueden quedar en la impunidad, de ahí que la posición manifestada por la Presidenta Constitucional, es concreta al oponerse a promulgar una "ley de impunidad" que planteó la brigada del anterior partido de Gobierno, pretendiendo frenar eventuales juicios y procesos contra los ex mandatarios y otras autoridades de su entorno, responsables del mal uso de fondos y bienes del Estado nacional.

La Presidente, advirtió que "no habrá ninguna norma que busque amnistía para quienes hayan cometido delitos o se hayan burlado de las leyes o cometido abusos en perjuicio de la propiedad y los bienes del Estado boliviano". Con tal aclaración se asegura que no es admisible una norma de impunidad y serán las autoridades legales que tomen medidas al respecto.