Ex viceministro denuncia militarización del Tipnis
12 mar 2012
Fuente: La Paz, 11, LA PATRIA.-
Raúl Prada vaticina también la muerte del llamado “proceso de cambio”
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La Armada Boliviana con sus embarcaciones ocupó militarmente el Territorio Indígena y Parque Nacional Isidoro-Sécure, (Tipnis), denunció el ex viceministro, Raúl Prada, a tiempo de vaticinar la muerte del llamado “proceso de cambio” que lidera el presidente Evo Morales.
La Armada ingresa por los ríos Sécure e Isiboro distribuyendo vituallas y otras prebendas a los indígenas con el objetivo de doblegarlos para que voten a favor de la carretera por el corazón del Tipnis.
Al mismo tiempo, el Gobierno desata una persecución judicial en contra de los dirigentes indígenas, dice Prada.
El ex funcionario afirma que la ocupación militar busca efectuar presión sobre las comunidades en busca de una votación en favor de la “carretera depredadora”
En un informe divulgado por la Plataforma Energética, Prada afirma que, “estas acciones gubernamentales son una consecuencia de toda la política sinuosa que ha seguido el Gobierno en torno al conflicto del Tipnis”.
ARMADA
“La Armada ha ingresado al territorio indígena surcando los ríos Sécure y el Isiboro con barcos cargados de vituallas, con el objeto de distribuirlos entre los comunarios de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO), del Tipnis, comprometiendo su voto a favor de la carretera. Esta acción de chantaje es una flagrante violación de una de las cláusulas de la consulta con consentimiento, previa, libre e informada, cláusula que establece que no puede haber coerción”, afirmó.
“Este despropósito se suma a la ya descalificada consulta extemporánea por no cumplir con la estructura conceptual de una consulta previa, libre e informada. En esa dirección de intervención, presión y chantaje ya se han instalado campamentos militares, mostrando claramente la decisión del Gobierno de ocupar militarmente el territorio indígena antes de la aplicación del cuestionario”, añadió.
“En esta alevosa acción en la que estarían comprometidos, además del Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, el Órgano Judicial y el Órgano Electoral, violando descaradamente la Constitución, en cumpliendo de las ordenes del Gobierno. Estamos entonces ante una ocupación militar y ante la virtualidad de una ‘consulta’ militarizada”, agrega el informe de Prada.
Según la denuncia, “esta acción desmedida de coerción y demostración de fuerza es una declaración de guerra del Estado-nación, que debería haber muerto, contra el Estado plurinacional comunitario y autonómico, que no ha podido nacer”.
Prada sostiene que “hemos llegado a uno de los momentos más contradictorios del proceso, uno de los de mayor confrontación, entre Gobierno y naciones y pueblos indígenas, entre Gobierno y pueblo boliviano, entre el proyecto político de la Constitución y el proyecto extractivista. Este momento de confrontación de fuerzas viene definido por la IX Marcha Indígena. Lo que pueda pasar con esta marcha mostrará los alcances de la intensidad de la lucha”.
“En el nuevo escenario, el definido por la preparación de la IX marcha, las organizaciones indígenas se juegan quizás la carta más importantes para reconducir el proceso; el Gobierno también se juega su carta para consolidar su proyecto extractivista. Esta es una de las razones por las que acude el Gobierno a una ocupación militar del Tipnis”, continúa la denuncia.
Sobre los juicios en contra los dirigentes y activistas del Tipnis, el ex viceministro señala: “Ensamblando esta estrategia de ocupación militar, el Estado-nación, utilizando la complicidad ilegítima del Órgano Judicial, ha desatado toda una persecución a los dirigentes indígenas, participes de la VIII marcha, con acusaciones falsas, mientras hasta ahora no ha hecho nada para avanzar en la investigación y en el esclarecimiento de los hechos violentos acaecidos en el puente San Lorenzo en contra de la marcha indígena, acción represiva repudiable, realizada como acción punitiva por parte de la Policía. Mucho menos se le puede pedir a este órgano judicial cómplice, alejado de sus funciones y convertido en un aparato de represión más, que identifique a los responsables de dar la orden de la represión de la marcha, aplicándoles las leyes por haber violado los derechos fundamentales, como corresponde en estos casos”.
Fuente: La Paz, 11, LA PATRIA.-
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