Derecho a los derechos humanos

Absolutamente todas las personas, sin distinción de ninguna clase, hombres y mujeres de todas las edades, tienen derecho a ser protegidas en el marco de leyes vigentes en el país, pero además amparadas en el contexto y vigencia internacional de los Derechos Humanos.

En varios países, desde los poderosos, hasta los más humildes, se tiene presente la vigencia de los Derechos Humanos, como un factor preponderante sobre cualquier instancia política o económica, para defender la vida y la dignidad de las personas. Claro está que también muchos gobiernos soslayan esa responsabilidad y lastiman con violencia a temporales o persistentes opositores que generalmente reclaman sus derechos, justicia y libertad.

El gran problema de nuestro medio, es que los resabios del gobierno autoritario que abandonó sus responsabilidades y se asiló en una embajada extranjera para asentarse en otro país, incitan a movilizaciones y lo hacen desde el exilio, acudiendo a "ciertos operadores" que permanecen en el país y mueven a grupos vandálicos, por supuesto pagando la factura de una forzada lealtad, que desata violencia y amenaza con actos que de cumplirse pueden ocasionar una verdadera tragedia nacional, el ejemplo de grupos de insurrectos queriendo dinamitar y destruir la planta de YPFB en Senkata.

La persistencia de sostener bloqueos en varias carreteras impidiendo la circulación regular del transporte pesado y el de pasajeros, ocasiona graves perjuicios a la comunidad y la consecuencia de esa atentatoria actividad está ocasionando desabastecimiento en los centros urbanos del país. Es más, los bloqueos en algunas ciudades, impide hasta el aprovisionamiento de alimentos e insumos médicos en los hospitales, donde incluso se reclama la provisión de tubos de oxígeno para tratamientos médicos de emergencia.

Estos hechos que son sólo parte de muchos otros que alteran la paz ciudadana y afectan la propiedad pública y privada, tienen que ser controlados y la instancia legal es la participación de la Policía Nacional y en caso de que este organismo fuese rebasado, como ha sucedido en alguna instancia, es necesaria la intervención de efectivos militares, pues el desbande y la violencia de grupos irregulares, no puede combatirse sólo con discursos.

El Gobierno actual, ha dispuesto y con el derecho que le asisten las normas y leyes vigentes, la acción de las FF.AA. para evitar mayores daños y muertes en el país. Ese hecho no significa que los militares "tienen licencia para matar", como sutilmente se expuso en algunas instancias, incluso en la representación de los Derechos Humanos, algo que preocupa frente al temor de miles de ciudadanos, al perjuicio que confrontan las familias, al peligro latente en las calles y en los caminos y a la desembozada violencia que generan centenares de irregulares contra miles de ciudadanos comunes.

Una insinuación sobre "la salida de militares a las calles", mostrando el peligro en el uso de armamento, denota preocupación de alguna autoridad, que a la hora de medir la verdadera dimensión de los hechos, precautela la seguridad de los agresores y no toma la misma responsabilidad en defensa de los agredidos, y de toda la gente que está sujeta a la intransigencia e intolerancia de grupos irregulares.

El país no puede seguir viviendo en un estado de permanente zozobra, hay necesidad de reponer el orden y el respeto a las leyes y a los derechos ciudadanos. Una tarea que con justicia debidamente aplicada debería practicarse al defender la vigencia de los Derechos Humanos, una instancia de seguridad para toda la población.