Sector empresarial minero plantea flexibilizar la Ley de Inversiones

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Observadas las limitaciones que se presentan en el proceso de activar la minería nacional para hacerla productiva, garantizando emprendimientos de nueva factura y que estén enmarcados en las posibilidades efectivas de consolidar la reactivación de nuestra minería, se consignan algunas "buenas intenciones", pero que no alcanzan el nivel práctico operativo de prospectar, explorar y explotar nuevos yacimientos, el asunto se convierte sólo en un instrumento "discursivo" de las autoridades, mientras el tiempo pasa y se suma más de una década sin que se hubiese "habilitado" un nuevo proyecto minero.

Para salir de la espiral de discursos y buenas intenciones, hay necesidad de pasar de la teoría a la práctica, que en minería se traduce como inversión para prospección, exploración y la consiguiente explotación de minerales. Lamentablemente, las condiciones no son las mejores, de ahí que se planteó de manera oficial al gobierno (de turno), la flexibilización de la Ley de Inversiones, disponiendo la suficiente seguridad jurídica, para garantizar la llegada de mayor inversión privada externa, pero al mismo tiempo se pueda motivar la participación de inversionistas nacionales, que han estado reclamando la apropiación de reglas claras de juego, especialmente actualizando y reglamentando la Ley Minera 535, hace más de 5 años promulgada y convertida en una normativa que frena las iniciativas de emprendimientos para "reactivar" la minería nacional.

Opinan los expertos

En criterio de un destacado economista y empresario privado, "la política de promoción de las inversiones tiene que ser integral, los parches aislados no funcionan. Un ejemplo en el país es la Ley de incentivos para la inversión en el sector petrolero, que resultó un fracaso".

El profesional añade otro detalle, al indicar que no se puede dejar de lado la productividad aunque lamentablemente nuestro país está entre los que tienen menores índices productivos, lo que deriva en el incremento de los costos de producción, que a su vez hace menos competitiva la tarea de exportar", un análisis realista sobre la minería nacional.

Otra opinión profesional sobre el tema, señala que "el sector privado exige reglas claras de juego previsibles para las inversiones, además de seguridad jurídica y protección a los capitales", con un añadido que tiene que ver con el sector laboral, lo que implica, dice el analista, garantizar fuentes de empleo digno y sostenible en el tiempo, lo que significa asegurar todo el esquema productivo, administrativo y tecnológico, para disponer de proyectos que sean el resultado de buena planificación, necesaria inversión y garantías de operación, algo que en el tiempo presente "es sólo un buen propósito de algunas autoridades, pero carente del respaldo legal actualizado". Una referencia directa a la "inutilidad" de la Ley 535 de Minería y Metalurgia, promulgada hace cinco años y carente de un reglamento que la haga norma operativa para impulsar la actividad minera, en todos sus niveles, pues no se trata sólo de activar un sector, por decir el estatal, descuidando el privado, mediano y chico, o el cooperativista. Un buen reglamento hará que la Ley de Minería sea instrumento de desarrollo del sector y no una tranca a su crecimiento.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio advirtió de manera concreta que "la era del gas termina para Bolivia", tanto en la ruta de exportación como en el plano de la demanda, en referencia a las condiciones que expusieron no hace mucho Brasil y Argentina, en ambos casos, con proyectos interesantes para auto proveerse del energético.

El ejecutivo de la CNC comentó que "el país recibió más de 35 mil millones de dólares por la venta de hidrocarburos en la última década, lamentablemente en ese periodo y en el último tiempo no se manejó de manera eficiente esa importante cantidad de recursos económicos, por lo que no se avanzó nada en la diversificación de la economía, para cambiar nuestra condición extractivista y transformarla en una industria diversificada".

Nueva minería

No se ha generado ni un solo proyecto minero de avanzada hace más de diez años, la extracción de minerales corresponde a los viejos yacimientos tradicionales y es ridícula la posición de las autoridades mineras que han demostrado total ineficiencia, pues tampoco y en muchos años han podido reestructurar la estatal minera, para crear una nueva política minera de reactivación de todo el sistema. Se aclara que los planes del litio en los salares de Oruro y Potosí, se desarrollan en otra estructura, como sucede con el hierro del Mutún en el distrito de Santa Cruz, ambos marchan lentamente.

Se trata de propugnar una nueva dinámica en la minería nacional, de modo que en base a garantías, incentivos y financiamientos apropiados, se muevan todas las condiciones favorables a la captación de inversiones, la mejor manera de promover una nueva corriente de emprendimientos mineros, privados y estatales, allí donde sea posible invertir y emprender proyectos de envergadura como lo avizoran expertos en minería.

Deben ser atendidas las solicitudes de empresarios mineros para que sea flexibilizada la Ley de Inversiones, un canal para abrir las posibilidades a inversiones especialmente externas que desde hace tiempo se insumen en los importantes proyectos mineros de los países vecinos, especialmente el Perú, pero también Chile y la Argentina. Se sabe que hay una "espera" forzada por las circunstancias para dirigir ciertas inversiones a la minería nacional, siempre y cuando estén dadas las condiciones de seguridad, incentivos y nomas que sean un atractivo al movimiento de capitales y tecnología de alta minería.

Flexibilizar una Ley de Inversiones, permitirá además disminuir paulatinamente la inversión pública que sin ser determinante, ha estado llegando como cuenta gotas al sector estatal, cubriendo pérdidas, pero no impulsando los planes de prospección y exploración de yacimiento mineros renovados. La minería necesita un soporte determinante que puede darse desde el sector privado, tomando en cuenta las previsiones económicas sobre una reducción de ingresos al fisco, por los cambios que ya se confrontan en la producción de nuestras materias primas no renovables, hidrocarburos, gas y minerales.

Cerramos el tema, con esa recomendación de expertos para que desde el Gobierno se aplique una política especial de promoción de las inversiones, naturalmente luego de sanear las deficiencias vigentes en la normativa que rige la actividad minera, la ley 535 sin reglamento desde el 2014.

Medios. Agencias.