No se trata de una lucha por ideales, o en defensa de proyectos sociales, de lo que se trata es que cierta gente no quiere perder "las gabelas" que otorga el uso del poder y por eso hay actores mentirosos que confunden a las bases, con una esperanza de "retomar el poder", una opción que no se dará, considerando que hay delitos de por medio que deberán ser juzgados
El conflicto postelectoral que se vive en el país y confrontando condiciones de extremo riesgo para la unidad y seguridad de la ciudadanía, debe merecer una aclaración contundente por parte de las autoridades que nos gobiernan transitoriamente y es que, para cierta gente parecería que puede acudir a extremos de intolerancia, descociendo que la causa del mal, es nada menos que el "resultado fraudulento" del acto eleccionario del pasado 20 de octubre, un hecho que reconocieron los gobernantes y optaron por renunciar a sus cargos, ante el reclamo ciudadano que exigió respeto a su voto.
La corriente social ante la evidencia del fraude, que es un delito reconocido y verificado más adelante por una auditoria avalada por la OEA, obligó a los candidatos oficialistas a dejar el país, ante el imparable reclamo del pueblo frente al delito consumado de "robarle el voto al pueblo". Este es el problema postelectoral, concreto, evidente e incuestionable, pues de no haber sucedido así no correspondían ni la renuncia ni la huida apresurada de los candidatos que ahora quieren mostrar otra cara en el exilio.
La corriente social ante la evidencia del fraude, que es un delito reconocido y verificado más adelante por una auditoria avalada por la OEA, obligó a los candidatos oficialistas a dejar el país, ante el imparable reclamo del pueblo frente al delito consumado de "robarle el voto al pueblo". Este es el problema postelectoral, concreto, evidente e incuestionable, pues de no haber sucedido así no correspondían ni la renuncia ni la huida apresurada de los candidatos que ahora quieren mostrar otra cara en el exilio.
Los dirigentes políticos y observadores del asunto, coinciden en remarcar que el proceso postelectoral sirvió para descubrir las condiciones irregulares en que se manejaba el órgano electoral, que por lo observado tenía funcionarios de extrema lealtad comprometida, como para alterar el resultado electoral y favorecer a un binomio que pasó a la intolerancia política. Lo que sucedió fue algo imperdonable, como apuntan los defensores de la legalidad y el respeto a la democracia.
La secuela de toda esa trama, en la que además se compromete hasta la diplomacia mexicana, es la ola de hechos vandálicos que están sucediendo en varios distritos del país, con bloqueos, manifestaciones, uso de armas y de manera comprobada, el movimiento de fuertes sumas de dinero (dólares y bolivianos) que se distribuyen entre los sediciosos pagados y comprometidos con acciones fuera de la ley y que en algún momento serán sancionadas.
La intolerancia es figura extrema que se vive en los últimos días en nuestro país. Las nuevas autoridades se muestran aún contemplativas y la población reclama acciones más decididas para restablecer el orden y devolver la tranquilidad a una comunidad que rechazó con unidad, el fraude instrumentado y defendió abiertamente el derecho a elegir limpiamente a sus autoridades.
El problema tiene que ver con motivaciones extremadamente partidistas y que son parte de los movimientos irregulares que están generando justificadas protestas de la ciudadanía que se siente afectada en su derecho de tránsito, pero además observa el desabastecimiento en mercados y almacenes, debido a la caprichosa pero fuertemente subvencionada actividad de grupos irregulares.
No se trata de una lucha por ideales, o en defensa de proyectos sociales, de lo que se trata es que cierta gente no quiere perder "las gabelas" que otorga el uso del poder y por eso hay actores mentirosos que confunden a las bases, con una esperanza de "retomar el poder", una opción que no se dará, considerando que hay delitos de por medio que deberán ser juzgados por haber contravenido la Constitución y las Leyes.
Lo que se necesita es conciliar criterios, en ciertos niveles representativos de nuestra sociedad, para disponer medidas que devuelvan regularidad y tranquilidad al país, única manera en que se avance hacia el objetivo de llegar a un nuevo proceso electoral, garantizado y vacunado contra el fraude.
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