Martes 19 de noviembre de 2019
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Editorial y opiniones
EDITORIAL
Orden con disciplina y energía
19 nov 2019
La misión del Gobierno transitorio es concreta, específica, debe normalizar y legalizar el funcionamiento del órgano electoral y convocar a nuevas elecciones, aspectos que no podrá ejecutar, mientras ocupe su tiempo y su gente en apaciguar los focos de subversión interna, financiados con dinero de extraña procedencia y alentados por un parlamento irregular, como denuncian legisladores en minoría.
La situación de convulsión que persiste en el país, se atribuye a grupos de sediciosos que son manejados por algunos "elementos políticos" que han quedado de la extinta conformación partidaria oficialista, la que culminó con la renuncia de los mandatarios y su abandono del gobierno y del país para asilarse en México, donde se les brinda excesivas libertades, estos son los conceptos de líderes políticos de la denominada oposición.
Lo grave del tema es que desde que asumió el mando de la Nación, la actual presidenta no ha tenido un solo día de calma y pese a sus exhortaciones, persisten las movilizaciones con claros afanes de alterar el orden constituido y enfrentar a bolivianos en una escalada violenta que ya cobró víctimas fatales y elevada cantidad de heridos.
"Hay personajes que están en el país y se ocupan de fomentar la discordia y el caos?los conocemos y estamos tras ellos", aseguró un ministro de Estado, pero en los hechos no se ha identificado a esos personajes y la convulsión sigue siendo problema de cada día y en diferentes partes del país, por lo mismo el seguimiento de quienes soliviantan a grupos irregulares, parece que no tiene efecto concreto para frenar esos planes de abierto revanchismo.
Sectores de la comunidad se sienten en desamparo señalando que no hay autoridad nacional que ponga remedio al problema, aplicando las leyes y haciendo que se respeten los derechos ciudadanos. Los permanentes bloqueos y marchas han alterado el sistema de transporte pesado y la consecuencia lógica es el desabastecimiento de los mercados de consumo. Se trata de un delito que atenta el derecho de alimentación de la gente y en tal instancia deberían ser ubicados, identificados y sancionados los responsables de esas actitudes reñidas con la legalidad y la seguridad ciudadana.