No es golpe, es por fraude

De parte del gobierno del MAS se quiere mostrar que lo que ha sucedido en Bolivia los días posteriores a las elecciones generales del 20 de octubre de este año y lo que está sucediendo tras expresar su renuncia Evo Morales y Álvaro García es un golpe de Estado.

Para dar una perspectiva y repito con vehemencia UNA perspectiva, que no tiene afanes de ser la verdad absoluta como muchos pretenden, especialmente en las redes sociales, planteo algunos elementos (no todos porque en este espacio es difícil) que puedan ayudar a revisar con sentido crítico lo que sucede.

Comienzo por los antecedentes, que son un contexto muy importante. Es muy cierto que Evo Morales llegó a la presidencia de Bolivia, ganando las elecciones de 2005 con una votación muy alta, más del 50% y así fue también el 2009 y más aún el 2014 (más del 60%), aunque ya para esa elección se cuestionó si podía o no ser reelecto, pues en línea cronológica sería el tercer mandato consecutivo; de todos modos quedó habilitado para participar pues se interpretó que el primer período era anterior a la nueva Constitución Política del Estado y por lo tanto se contaba sólo desde el 2009.

Poco tiempo después de ganar en 2014, se planteó un referéndum que consultase a la ciudadanía si estaba de acuerdo de ampliar la reelección, por un nuevo período más (vale decir 2020-2025), para el presidente y vicepresidente, lo que implicaba modificar el art 168 de la CPE. El resultado fue que 51,3% dijo que no y el 48,7% que sí. El resultado del referéndum tiene valor vinculante y por tanto no se podía modificar el art. 168, lo que en consecuencia impedía una nueva reelección.

Y ahí está la razón de lo que hoy se vive. El Tribunal Constitucional dictó una sentencia que interpretaba el art. 23 del Pacto de San José y declaró que la reelección indefinida es un derecho humano, es decir no se consideró lo que dictaminaba un referéndum y se buscaron otras vías (cuestionables) para conseguir el objetivo.

Pues bien, tras esa sentencia se habilitó al binomio del MAS (sentencia por sobre referéndum vinculante) para las elecciones de 2019. Ante el desconocimiento del referéndum (21F) se dieron diversas protestas ciudadanas en el país que manifestaron su descontento, pero todo siguió su curso. En tres años una parte de la población de Bolivia ha contenido su molestia y enojo porque no se respetaron los resultados del 21F.

Luego se han dado una serie de acciones que han afectado seriamente a la institucionalidad democrática y un cuestionamiento a la falta de independencia de los órganos del Estado.

Ese es el escenario con el que se llega a las elecciones de octubre. Lo que ha sucedido después tiene que ver con la sospecha y desconfianza de parte del electorado de un posible fraude, por la interrupción (con 6 explicaciones y justificaciones distintas por parte de distintas autoridades) de la transmisión de actas en recinto electoral y que luego se supo que fue ordenada por una vocal del Tribunal Supremo Electoral, durante dieciocho horas el mismo no se reactivó, lo que generó susceptibilidades, más aún cuando la tendencia de votación varió al reactivarse.

Hace pocos días se ha conocido por el informe de la empresa auditora (contratada por el TSE para supervisar a la otra empresa encargada del TREP) que hubo vulneraciones a la seguridad informática y el proceso electoral en el TREP y el cómputo oficial estaría viciado de nulidad. Semanas antes ya habían salido estudios e investigaciones sobre el posible fraude.

Pues bien, ante el reclamo generalizado de múltiples sectores de la sociedad y de la alianza Comunidad Ciudadana (liderada por Carlos Mesa, segundo en intención de voto según todas las encuestas y el que habría obtenido también el segundo lugar), de las observaciones claras de la misión de Observación Electoral de la OEA, que señalaba una variación inexplicable entre los resultados antes del corte y después del corte del TREP (que anularía la segunda vuelta y le daría a Morales la victoria en primera vuelta) y expresaba su sorpresa por el corte del internet y la interrupción del TREP, el gobierno solicitó una auditoría a la OEA para esclarecer lo sucedido en el proceso electoral, a partir del día 20 de octubre.

La protesta (con un fuerte componente citadino y una movilización mayoritariamente juvenil, de chicos y chicas que sólo conocieron el gobierno de Evo, a la que se plegaron otros sectores y los líderes cívicos de todo el país) fue continua y en aumento, reclamando ya no segunda vuelta, sino anulación de las elecciones, un nuevo TSE y la convocatoria a nuevas elecciones, para llegar luego al pedido de renuncia de Evo Morales a la presidencia.

Pero esta protesta no sólo es de un grupo de personas, de una clase social o de una tendencia ideológica; de ella han ido participando y expresando su opinión política diversos sectores: indígenas, mineros, fabriles, cívicos, médicos, personal de salud, magisterio, etc. (algunos además añaden las propias demandas del sector). El Gobierno quiere hacer ver que hay un discurso de odio, racismo y discriminación hacia los campesinos, indígenas, obreros, mineros, etc. ¿y cómo entonces los hay quienes están a favor y en contra de él? Hay que entender que en estos años el gobierno del MAS se ha dedicado a cooptar, dividir y prebendalizar a cuanta organización ha podido (sindical, campesina, indígena, empresarial, etc.).

Uno no puede adscribirse tan fácilmente al discurso de que los que protestan y están en resistencia a su afán de perpetuarse en el poder son los blancos, de clase media, urbanos, capitalistas, de la derecha, etc. Mientras que los pobres, humildes, campesinos, indígenas, etc. son los que están a su favor. No es así, porque, por ejemplo, las grandes cámaras empresariales del oriente (que antes eran acérrimos enemigos del MAS) han sido beneficiadas y han estado de lo más contentos con el gobierno (basta ver a quiénes beneficia la agroindustria) y hay indígenas que le han reclamado insistentemente que ha traicionado las luchas de estos pueblos (imponiendo decretos de deforestación, carretera por el Tipnis, no titulación de tierras ni autonomías, etc.).

Los que defienden que los racistas son unos y la discriminación también viene de ellos, niegan que ese es un problema estructural en el país, no resuelto, y que lo hay en todos los grupos, clases e ideologías. Para que se ejemplifique lo dicho se puede mencionar que ante la pregunta de un periodista que no es del occidente, un ministro le responde que por su acento se nota que no es de aquí y no responde a la pregunta (¿¿¿o sea que por ser de otra parte no se puede preguntar???). Y también hay expresiones y tratos denigrantes de otras personas, que no aceptan ni reconocen la dignidad de las personas humanas, sea cual sea su condición social, económica, profesional, ideológica, religiosa, sexual, etc. Pero en esta crisis se quiere hacer ver como si unos fueran los buenos y otros los malos.

Y a ese mismo discurso acude Morales para victimizarse, señalando que porque es humilde, campesino, cocalero se lo discrimina y se atenta contra su persona e investidura. No es así, la gente que protesta contra él lo hace porque está harta de la corrupción escandalosa en el aparato público, por su afán de dividir organizaciones con prebendas, por haberse burlado del voto el 21F, por su machismo expresado en múltiples acontecimientos, porque nunca reconoció la derrota en La Haya, por la represión a indígenas en Chaparina y Takovo Mora, por su empeño en la carretera por el Tipnis, por su soberbia y tozudez en no reconocer que no porque haya gente que no está de acuerdo con él son igual a "terroristas, golpistas, racistas, fascistas, imperialistas y de la derecha", y finalmente porque no ha reconocido que hubo fraude en las elecciones.

Y esto tiene que ver con el detonante del domingo 10, pues la misión de auditores de la OEA señaló en su informe preliminar que el proceso electoral está viciado de graves irregularidades, vulneraciones al sistema informático, a las actas, lo que se constituye en una muestra de delitos electorales y de fraude. Se ha vulnerado la confianza del voto ciudadano en las elecciones y eso es muy grave.

Desde el martes 22 de octubre el presidente señaló que había un golpe de estado en desarrollo y es el tema que ha querido posicionar. A eso se han sucedido una serie de hechos de violencia, de distintos frentes y eso no hay que negarlo. Han sido agresivos y violentos los transportistas, como los de la "resistencia", los mineros afines al MAS como quienes fueron a quemar casas y a amenazar a familiares de autoridades del MAS. Pero ojo, las posiciones de poder no son las mismas y eso no significa en ningún momento justificar ningún tipo de violencia, pues su ejercicio es condenable para cualquiera. También es necesario señalar que muchas acciones de fuerza o violencia son reacciones a una provocación o agresión directa y son acciones defensivas, la legítima defensa es justa, pero naturalmente no puede ser irracional y desproporcionada; pues con esa lógica ojo por ojo y todo quedaría justificado.

El Gobierno se refiere selectivamente a los hechos de violencia, hay 3 muertos y eso no ha significado que recapacite y procure salidas de auténtica pacificación. Condenó que se quemen las casas de autoridades del MAS, lo cual debe ser condenado siempre, pero nada dice de los heridos a bala en una emboscada por sus afines o de la permisividad de que sus sectores lancen cachorros de dinamita cuando está prohibido por un decreto supremo, a vista de la policía que encima se repliega y no actuó para evitar enfrentamientos. Morales no dijo ni pío sobre la emboscada a un bus de estudiantes que fueron vejadas y despojadas de sus pertenencias pero sí exhibió al mundo el trato a la alcaldesa de Vinto, repito, ninguna de esas acciones está justificada pero la condena debe recaer sobre todas, no las que me convienen.

Si fuera de Bolivia sólo ven BTV o Telesur, es lógico que no se enteren de nada, porque mientras todos los canales (muchos que una semana antes no cubrían periodísticamente lo que sucedía en el país) reflejaban lo que acontecía en el país en distintas facetas, el canal estatal pasaba fútbol o música cubana.

El presidente renunciante quiere posicionar a toda costa la idea del golpe de Estado, y él como víctima. Sería bueno que le pregunten por qué en su renuncia no reconoció el valor de la auditoria de la OEA pese a que ellos la pidieron y le dieron un valor vinculante, dijo sólo que era un informe político y no técnico, lo mismo que con la sentencia de La Haya�? un simple informe. A Evo le cuesta reconocer que puede perder, que no se hace lo que él dice porque sí, que se equivoca y que miente.

Se está sembrando el terror en quienes tienen el derecho a protestar por lo que consideran injusto y los discursos del gobierno no pueden ser: Cercar ciudades a ver si aguantan (Evo Morales, presidente renunciante). Vietnam Moderno (Quintana, ministro de la presidencia), Contar muertos por docenas (Zavaleta, ministro de defensa). ¿Eso no es amenazar a la sociedad? Y ésta ¿Qué va a hacer, quedarse de brazos cruzados esperando a que maten gente? Al menos tendrá que protegerse.

Lo más importante es que quede claro que la renuncia de Evo es por fraude en las elecciones no por un golpe de Estado, por cansancio de que se viole la CPE y las leyes a gusto y antojo del poder político. Para eso espero que antes de opinar se lea el informe de la OEA, los estudios de la UCB y UMSA, el informe de Ethical Hacking, de Neotec, de informáticos y otros y argumenten si no hubo fraude. Y el fraude que beneficia a un partido como ganador está penado por ley.