Cambios con legalidad y legitimidad

A raíz de los acontecimientos políticos que se han registrado en el país, tras las renuncias de los primeros mandatarios y una seguidilla de funcionarios de diverso nivel en la administración del Estado u otros que gozaban de la representación parlamentaria y han preferido "ponerse a buen recaudo" en las circunstancias de la transición estatal, se han producido vacíos que, quiérase o no, deben ser cubiertos para seguir dando marcha al funcionamiento institucional.

Al hacer planteamientos ciudadanos de valoración extrema en la conducción de la "nave del Estado", mala, regular o buena, como alternativa excepcional, no se toman en cuenta algunos extremos que se presentan, como en el caso presente, con las renuncias principales y la secuela de otras en la opción muy clara del "sálvese quien pueda", lo que altera la continuidad legal de la marcha institucional.

No es tan simple que se pidan renuncias y que al ser escuchados tales pedidos, todo siga su curso sin alteraciones, la realidad es otra y la estamos confrontando en un primer día y ojalá no sean muchos, los que se necesitan para restablecer legitimidad gubernamental a través de los instrumentos legales que menos mal, son la base y sustento de nuestra institucionalidad.

Hay algunos observadores del proceso nacional que estiman delicada la situación "transitoria" de ingobernabilidad, sin un o una conductora del Estado, pues con las dos principales renuncias y otras que siguieron el ritmo, se desbarató la posibilidad de dar inmediata continuidad legal en el establecimiento del nuevo Gobierno, entendiéndose además que, mientras no sean aprobadas las renuncias principales en la instancia legislativa, los dos mandatarios renunciantes, debían seguir responsables de su mandato.

Al desbaratarse el proceso de sucesión regular, lo más importante es la convocatoria a la Asamblea Legislativa, para dar curso al tratamiento de las renuncias y de ser aprobadas, como se supone que sucederá, es necesaria la designación "sucesoria" para restablecer el orden de gobernabilidad, estimándose posible, la designación de un triunvirato transitorio, hasta que se cumplan nuevas elecciones y se designen nuevos mandatarios. Es necesario que se reponga el orden de mando gubernamental, el país no puede estar a la deriva, una situación irregular y peligrosamente anticonstitucional.

Las autoridades que han quedado en función de la escala que valora sus responsabilidades, tienen la misión de poner en marcha cuanto antes la funcionalidad sucesoria y luego cumplir las urgentes recomendaciones ciudadanas de "renovar" la totalidad del cuerpo de conducción del Tribunal Supremo Electoral, con la misión ineludible de convocar a nuevas elecciones.

El otro aspecto que preocupa por sus violentas connotaciones, con el asalto a la propiedad privada, atentados a las instituciones y agresiones a las personas debe ser motivo de atención urgente a cargo de la entidad policial y en su caso la participación de efectivos de las FF.AA. para frenar una escalada que ha sido tipificada como "venganza" de los partidarios políticos, que se sienten perdidosos en la transición política que vive el país.

Se convoca a la pacificación nacional y se espera que en el marco legal se restablezca la legitimidad del aparato estatal, para mantener el orden y la convivencia entre bolivianos, evitando la delincuencia ocasional y la violencia que lastima y afecta a la familia boliviana. Necesitamos diálogo, disciplina y pleno respeto a la Constitución y las leyes.