Segunda vuelta electoral o nuevas elecciones

Luego de una incomprensible suspensión del escrutinio de los votos, el Tribunal Supremo Electoral divulgó los resultados de las elecciones del pasado domingo 20 de octubre, entonces ya fue evidente que ese resultado era fruto de un fraude escandaloso. El oficialismo se había autoasignado -no hay otra forma de decirlo- la mayoría de votos suficientes para ganar en la primera vuelta, obteniendo, además, mayoría en el Congreso.

La ciudadanía se indignó y reclamó. En el cómputo de votos, antes de la interrupción del mismo, todo indicaba que se iría a la segunda vuelta entre los dos candidatos más votados. Pero no fue así: la autoridad electoral declaró el triunfo definitivo del binomio oficial Morales-García, violando, además, la norma constitucional que prohíbe la reelección indefinida, y el referendo del 21 de febrero de 2016. Desde entonces el oficialismo insiste en que su fórmula ha triunfado definitivamente, y que las protestas son parte de un imaginario golpe de Estado.

Fue entonces que la protesta se encaminó inicialmente a lograr que se vote en una segunda vuelta. Pero, a la vez, también comenzó a tomar cuerpo la demanda de que se anulen las elecciones por el fraude cometido. En realidad, estas dos alternativas difieren en su resultado: En una segunda vuelta, cualquiera que sea la fórmula ganadora, ratificaría a los parlamentarios electos en la fraudulenta primera vuelta electoral.

Lo cierto es que no se ha definido si la demanda popular se orienta a que se convoque a una segunda vuelta, o se anulen las elecciones del 20 de octubre y se las repita con las garantías necesarias y la supervisión internacional. De esta manera surgiría, no sólo un legítimo binomio presidencial, sino también un parlamento equilibrado según los votos obtenidos.

Por supuesto, que el oficialismo, engolosinado con su triunfo -cuestionado, por cierto- está empeñado en imponer el resultado fraudulento. Desafía, no sólo a la mayoría de los ciudadanos bolivianos, sino también a organismos y países que han expresado su preocupación, no sólo por el fraude, sino también por la violencia desatada por hordas oficialistas empeñadas en apagar, por la fuerza, las reclamaciones populares,

Por supuesto que lo que corresponde, es suprimir todo vestigio del fraude, y esto sólo se conseguirá con la completa anulación de los comicios adulterados. Esto significa: Tribunal Supremo Electoral integrado por personeros idóneos y honestos, padrón electoral depurado, control electoral eficiente y veedores internacionales en todo el proceso eleccionario.

Si lo consigue la ciudadanía, será un hito histórico; se probará que un pueblo, cuando se pronuncia y exige, logra honradez y seriedad.