Caprichos, amenazas y violencia

Lo que se observa en los últimos días, es una caprichosa actitud de dirigentes partidistas del sector oficial que han pasado a las amenazas directas e incitan a la violencia en las calles, ordenando las movilizaciones de sectores afines a sus consignas, tal el caso de los trabajadores mineros o la posible incursión de los ponchos rojos, mientras tanto la de algunos sectores que se han beneficiado de la "ayuda oficial" a través de ciertas prebendas, como las que sellaron acuerdos con algunos entes sindicales, con la entrega de movilidades, hoteles y sedes sociales y que ahora, están comprometidos a defender hasta lo indefensible, sin respetar derechos ciudadanos, las leyes, nuestra Carta Magna y el derecho, valga la redundancia, a reclamar derechos.

Es realmente preocupante lo que acontece en los círculos del entorno presidencial, la proximidad de ciertos funcionarios que alientan abiertamente la violencia y hasta amenazan a los "estudiantes universitarios" con una advertencia a los padres que "seguramente no quisieran confrontar la pérdida de sus hijos". El tema pasa de una advertencia a una grotesca amenaza, públicamente expresada y que ojalá no sea prueba contundente ante hechos de violencia extrema.

Las movilizaciones sociales, producto de las decisiones aprobadas en multitudinarios cabildos, se cumplen en los nueve departamentos, en unos con mayor vigor y rigor que en otros, y con recomendaciones de "hacer resistencia pacífica a la caprichosa tenacidad" de los políticos triunfalistas que no quieren someter los resultados de un "conteo" arbitrario de votos, para encarar una segunda vuelta de la que deberían estar absolutamente seguros de ganar, como lo afirman en las actuales condiciones.

Hay perjuicios para toda la comunidad, los entes cívicos han advertido a la ciudadanía, tomar previsiones de abastecimiento, especialmente de artículos de primera necesidad, ante la inminencia de prolongar indefinidamente la movilización ciudadana colectiva en defensa del "voto democrático" y la necesaria revisión de actas electorales, tras la denuncia de alteración de las mismas, lo que ocasionó una distorsión en los resultados del primer conteo de votos.

Dirigentes políticos señalan que en una situación como la presente, con una reacción popular más fuerte que las acostumbradas movilizaciones del partido oficial, corresponde sencillamente "escuchar al pueblo, reconocer la capacidad de su resistencia a un proceso calificado de fraudulento y disponer las condiciones más propicias para recontar los votos y verificar su autenticidad, con participación de delegados internacionales y los que corresponden a los nueve partidos que compitieron en la última elección.

Hay que evitar que la "violencia inducida" complique mucho más la tensión reinante, esperando además que no se pase de advertencias a las amenazas abiertas contra sectores de la colectividad civil en el país. Se trata de una movilización ciudadana sin precedentes en el último tiempo, por lo mismo el asunto no puede tratarse con una respuesta de violencia encargada a "grupos peligrosos" por su belicosidad y las reacciones propias que ya se mostraron en otras ocasiones.

Sectores laborales e incluso del mismo sector minero, han criticado la presencia de grupos de trabajadores mineros, portando dinamitas y amenazando a la población, que dicho sea de paso, ya ha perdido el temor al ruido de los explosivos, pero no a las intenciones de enfrentamientos, en los que ni siquiera las fuerzas del orden pueden intervenir. El asunto no puede prolongarse por más tiempo, el país necesita recuperar serenidad y tranquilidad.