Según el cÃvico estas comunidades son asentamientos nuevos en San Ignacio de Velasco que fueron dadas como promesas electorales y que los beneficiados llegan sólo para chaquear zonas no aptas para la agricultura.
"Se está buscando un asentamiento claro para un tema electoral. Lo que se está haciendo es traer gente que prende fuego, le dan maquinaria, chaquean y se van. Hacen daño por un tema electoral y se vuelven, ni siquiera son comunidades que están asentadas en su totalidad", resaltó.
"Se está buscando un asentamiento claro para un tema electoral. Lo que se está haciendo es traer gente que prende fuego, le dan maquinaria, chaquean y se van. Hacen daño por un tema electoral y se vuelven, ni siquiera son comunidades que están asentadas en su totalidad", resaltó.
VERIFICACIONES
Camacho, junto a representantes de instituciones y cÃvicos de provincia, se reunió este martes con los alcaldes de Concepción, San Ignacio, San Rafael y San Miguel para iniciar el proceso de verificación de asentamientos ilegales. Las autoridades ediles de los cuatro municipios brindaron información detallada, en la medida de sus posibilidades, en relación a los asentamientos y avasallamientos en esas zonas chiquitanas.
Dijo que si bien en San Miguel no se registró muchos asentamientos irregulares estos han ocupado alrededor de 156 mil hectáreas.
Asimismo, Camacho cuestionó al INRA por no haber dado la información necesaria sobre los asentamientos a los alcaldes de los municipios, para que puedan contemplar el crecimiento de su jurisdicción.
SAN RAFAEL
El último municipio que visitó en esta jornada fue el municipio de San Rafael. En este no se cuenta con la cantidad exacta de asentamientos irregulares debido a que los mismos no fueron coordinados con la AlcaldÃa; sin embargo, se conoce que al menos 100 comunidades son ilegales.
Alvis precisó que dentro de su Presupuesto Operativo Anual (POA) sólo se encuentran registradas 23 comunidades originarias y campesinas.
DESALOJOS
Camacho recordó que por mandato del Cabildo y como estipula la norma, estos asentamientos ilegales deben desalojarse. Descartó que dicha medida incentive a la violencia, tal como denunciaron desde el gobierno y organizaciones campesinas afines al MAS. Aseguró que los desalojos se realizarán de manera pacÃfica.
"Hemos coordinado, por ejemplo, con el alcalde de San Ignacio que ha realizado algunos desalojos de forma pacÃfica sin ningún problema y creemos que ese es el inconveniente , el gobierno le está mintiendo a todos", dijo Camacho.
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