Puerto de Arica: Tema conflictivo

El problema surgido en el puerto de Arica a raíz de la aplicación de una tarifa reajustada por servicios que cobra la concesionaria de la terminal chilena, ha ocasionado un justificado rechazo por parte de la Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B) desconociendo una medida que debió ser consultada y consensuada con autoridades de Bolivia, en cumplimiento de las normas establecidas en el Tratado de 1904, que disponen prioridades y previsiones en materia de cumplir servicios para el movimiento de la carga boliviana que se mueva tanto de exportación como de importación por ese puerto chileno.

Es importante remarcar lo que establece el Tratado de 1904, especialmente en su Artículo que "garantiza el amplio y libre tránsito de mercadería boliviana en el puerto de Arica", lo que se alteró con la reciente medida de una tarifa alterada inconsultamente, rechazada y en tal instancia, generando la retención de mercadería en el puerto, hecho que a su vez generó la paralización de servicios de centenares de camiones del transporte pesado boliviano, ocasionando serios problemas operativos y una pérdida a la economía boliviana, complicando a importadores, exportadores y transportistas que pierden miles de dólares por la irregular medida aplicada por la Empresa Portuaria de Arica (EPA).

ElGobierno boliviano, calificó como "una agresión económica" las consecuencias del conflicto en el puerto de Arica, que ocasionó más de 15 días de perjuicio al movimiento de carga, con lamentables condiciones económicas para sectores que viven pendientes de esa actividad de transporte de mercadería. Según los transportistas, su sector perdió, a raíz del problema, un estimado de 1,3 millones de dólares, por la paralización de sus actividades, suma que debería ser restituida por Chile a través de una gestión de Cancillería, pues se trata realmente de una "agresión a la economía de importantes sectores bolivianos". No se ha hecho aún un estimado de lo que este problema implica para industriales y comerciantes de Bolivia.

En las gestiones que propiciaron instituciones como la Cámara Nacional de Comercio (CNC), prevaleció la buena intención de establecer un diálogo de partes, reconociendo el respeto a la institucionalidad, además de las normas que sean aplicadas en ordenamiento a un Tratado vigente, que no puede ser desconocido arbitrariamente por parte de una empresa privada chilena (EPA).

Algo en que insisten las organizaciones empresariales bolivianas, es que el asunto sea analizado de Estado a Estado, a través de las respectivas cancillerías, al haberse alterado unilateralmente la vigencia de un Tratado que tiene valor de relación internacional, por lo mismo no puede considerarse en un simple diálogo de empresas administradoras. Lamentablemente, parece que la sugerencia diplomática de la Cancillería boliviana no ha tenido respuesta oficial de la similar chilena, en una clara contravención a un acuerdo de partes, como sello final a una obligación asumida por Chile, tras la irregular ocupación del territorio nacional.

Uno de los últimos informes sobre el tema, proviene de la Cancillería boliviana, señalando que se logró un pre-acuerdo entre la ASP-B y la EPA que permitió reactivar la fluidez en el despacho de contenedores con carga boliviana en la terminal del puerto de Arica, lo que descongestionará la enorme columna de camiones paralizados más de 15 días. Para que se active este proceso la ASP-B, tuvo que hacer un desembolso parcial a favor de la EPA.

Una comisión binacional deberá analizar criterios que permitan asegurar el cumplimiento de normas, aprobar tarifas de consenso y mejorar los servicios portuarios.

Queda pendiente la gestión oficial que debe cumplir nuestro Gobierno ante el de Chile para que ese país restituya a los sectores afectados, el monto estimado en 140 millones de dólares, por los daños ocasionados en más de 15 días sin operaciones en Arica, vulnerando abiertamente el Tratado de 1904.