Hay una serie de factores ligados al robo de minerales, conocido como "jukeo" por los trabajadores y los protagonistas de tal actividad, que pese al control que ejercen más de 600 policÃas y otra cantidad de efectivos de las FF.AA., además de tomar en cuenta un "celoso" control de los trabajadores, el hecho persiste, nadie puede asegurar que el mal será erradicado, no lo dicen, ni los ejecutivos, tampoco los dirigentes sindicales y menos los policÃas y militares encargados del control de la mina. Nadie se anima a disponer medidas de seguridad extrema, por lo mismo los hechos continúan y sólo hay una profusión de dichos, denuncias, acusaciones directas incluso entre dirigentes y trabajadores o a la inversa, comprometiendo cierta participación en una especie de "resguardo" de los jukus.
Lo que llama la atención en todo el proceso es que, más o menos cantidad de mineral robado y extraÃdo de la mina, tiene uno o varios compradores, se atribuye el "rescate" a las comercializadoras de minerales, pero no se hace nada por regular esa actividad, lo evidente es que tras un recorrido más o menos corto, y sin identificar a culpable, el mineral de estaño llega a la Fundición de Vinto, que por Ley es la única empresa autorizada para comprarlo, procesarlo y exportarlo. Está claro, ni los jukus, ni los compradores exportan estos concentrados, que "a la vuelta de la esquina" no se sabe cómo llegan a los depósitos de la Fundidora que como empresa tiene sus precios y su modo de compra.
Como se observa, se trata de un cÃrculo en el que participa mucha gente, de diferentes niveles, regulares e irregulares, que bajo diversas circunstancias aparecen ligadas a un proceso recurrente que no puede erradicarse y sigue siendo un mal, no precisamente necesario, pero inevitable en el contexto de la administración especialmente de la mina de Huanuni, donde el jukeo tiene "carta de operación".
Hay quienes consideran que el robo de minerales es parte de un problema social, una reacción de mineros sin trabajo y otros grupos conformados por delincuentes, los que se convierten en el verdadero peligro para la seguridad de trabajadores regulares e incluso para los vigilantes uniformados (policÃas o militares).
Se estima necesario que las autoridades, especialmente del sector minero tomen ciertas decisiones para estudiar el fenómeno considerado social y puedan establecer sugerencias que permitan tratar el asunto en la dimensión que corresponda, dadas sus caracterÃsticas que involucran a mucha gente y por lo mismo demanda un tratamiento más global que especÃfico, según criterio de expertos socio laborales.
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