Justificada preocupación empresarial

Dos problemas a los que no se presta mucha atención en los niveles oficiales corresponden al contrabando y su secuela del comercio informal, ambos totalmente ilegales y reconocidos como responsables del cierre de centenares de pequeñas y medianas industrias, negocios manufactureros que no pueden competir con los bajos precios de la mercadería que ingresa ilegalmente al país y de la forma en que se vende en miles de puestos informales que además son declarados abiertos evasores de impuestos.

El sector industrial institucionalizado ha formulado constantes reclamos a los ministerios que controlan el sistema comercial del país y que tienen tuición sobre el sistema tributario nacional, en el que no están los millonarios capitalistas del contrabando y tampoco sus centenares de distribuidores a miles de comerciantes informales. Se trata de una irregularidad que la conoce en toda su magnitud el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), pero que no aplica medidas radicales para ampliar el universo de contribuyentes empezando por formalizar a los informales y cobrar a los capitalistas del negocio.

La preocupación del empresariado es patética ante la avalancha del contrabando que según datos recientes ha crecido en una proporción del 30 al 35 % con relación a gestiones pasadas y el comercio informal se ha multiplicado en cifras realmente alarmantes creando desfases financieros en las industrias, cuyos ejecutivos tienen que optar por la reducción de personal, disminuir su ritmo productivo y en casos extremos, que son muchos, llegar al cierre de negocios que legalmente instalados generan fuentes de empleo, pagan impuestos y hasta soportan inequitativas medidas del SIN, mientras en las calles de todo el país campea la evasión de impuestos y aumenta la informalidad, sin que autoridad alguna "se atreva" a frenar drásticamente las dos corrientes de ilegalidad.

La posición del oficialismo en algunos niveles ministeriales, refleja una caprichosa actitud de pretender ignorar el desastre que ocasionan esas actividades irregulares y que han sido denunciadas, pero no suprimidas como correspondería en defensa de la industria y el comercio legalmente establecidos, que generan recursos para el erario nacional, mientras una millonaria "masa de comercio ilegal" arrolla con toda la formalidad industrial del país.

Para los analistas de la materia resulta una información irreal, aquella que menciona la reducción del desempleo nacional que estaría fluctuando entre 4,2 y 4 por ciento, lo que se considera como un hecho positivo de orden social, según la ministra de planificación que no maneja cifras comparativas con el crecimiento del trabajo informal y por lo mismo temporal, pero además ilegal y evasor.

Organismos de investigación económica estiman que gran parte del empleo generado corresponde al sector del comercio, mayormente informal, mientras existe un débil movimiento de emprendimientos unipersonales pero de bajos ingresos económicos ya que no cuentan con adecuado financiamiento y lo peor, tampoco con la garantía de un seguro apropiado a inversiones y un desempeño tributario de equidad que evite la distorsión actual entre informales que ganan muy bien y no tributan y aquellos que cumplen normativas, pagan impuestos y carecen de incentivos, alterando la seriedad de empleos y tributos que se rigen por un comercio incompetente, por la vigencia de un dólar barato en el país para facilitar cierto comercio que favorece a países vecinos y limita las actividades regulares de nuestro sector exportador.

Bajo esas condiciones es justificada la preocupación del sector empresarial de nuestro país, que además no puede ajustar su rendimiento, frente a la incertidumbre entre los datos "oficiales" y los que prevén los organismos internacionales en función al crecimiento del PIB en la presente gestión. Hay necesidad de conocer fórmulas de solución.

Fuente: LA PATRIA