Cuidando dinero de los asegurados

Las manifestaciones públicas que se han realizado en diferentes distritos del país, de manera contundente en la ciudad de La Paz obedecen a una medida de absoluta previsión del conjunto de ciudadanos bolivianos que están afiliados al sistema de la Seguridad Social, más claramente a la Caja Nacional de Salud (CNS).

Recientemente participaron de las movilizaciones de manera directa los afiliados a las organizaciones sindicales de Casegural y lo hicieron demandando la abrogación de la Ley 1189 y pidiendo además la renuncia del gerente general de la Caja. Personeros del Sindicato Médico y Ramas Afines (Simra) señalaron que persistirán en sus medidas de presión, exigiendo la anulación de una medida política que pone en riesgo el patrimonio económico del sistema y que no corresponde la intromisión partidaria, menos la oficial en un asunto de directa incumbencia del sistema de seguridad social.

Se aclara que la disposición legal utiliza un argumento irreal, cuando califica a la Ley 1189 de Prioridad Nacional de Desarrollo y Crecimiento de la Caja Nacional de Salud, medida que habilita la construcción de 67 hospitales en diferentes puntos del país, observándose que en muchas de las localidades no existe población afiliada al seguro y en otras la cantidad de beneficiarios no justifica inversiones como las que estaría por disponer el Gobierno, sin tomar en cuenta otras prioridades para solucionar problemas en centros de alta densidad de afiliados.

Los funcionarios del seguro social, movilizados, expresan su rechazo contundente al "uso arbitrario" del presupuesto que es propiedad de miles de asegurados que tampoco están de acuerdo con el programa de "politizar" el trabajo y servicios de la CNS, sólo para lograr beneficios particularizados y de efecto electoralista.

Entre las protestas del sector hay que considerar como un elemento determinante y además con los derechos más amplios para la administración y el buen uso de los recursos financieros, a los representantes del sector de afiliados, que suman miles y que no admiten una irregular representación de la Central Obrera Boliviana (COB), por tratarse de un organismo que "ha vendido su independencia" al partido de Gobierno. Se aclara que bajo ninguna instancia la COB puede atribuirse propiedad sobre la Caja Nacional, hecho que desconoce la posición de dirigentes de ese organismo que se mostraron afines a la aprobación de una ley para utilizar recursos de la seguridad social.

El problema puede prolongarse en la medida que desde el sector oficial se insista en la aplicación de la Ley, mientras que desde los sectores institucionales de los afiliados y los rentistas, como los trabajadores en general de la Caja Nacional rechazando la normativa y exigiendo su abrogación.

Es evidente que existen serias deficiencias en los servicios dependientes de la CNS, de manera muy marcada en ciudades con densidad de afiliados, donde realmente se hace necesaria la habilitación de mayores centros de atención, tarea que debe ser aprobada en la instancia representativa de los verdaderos protagonistas del sistema, asumiendo responsabilidad y prioridad en disponer recursos para mejorar los servicios, allí donde sea necesario, y no donde se pretenda hacer campañas políticas.

Hay marcadas deficiencias en todo el sistema, es innegable y el hecho obliga a tomar medidas de emergencia para salvar la contingencia de sostener un modelo inapropiado que debe modernizarse con mejor infraestructura, más personal, mejores equipos e instrumental, mayor dotación de medicinas y reformas al sistema de servicios, todo con apropiado presupuesto, debidamente autorizado y no mal utilizado.

Fuente: LA PATRIA